Según la Oficina de Patentes Española, las patentes son “un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.
Las patentes como se ha visto en la era covid, son especialmente importantes, cuando se trata de comercializar nuevos fármacos o tratamientos, como las vacunas para limitar la expansión del virus.
Las más controvertidas son las denominadas “patentes biotecnológicas”, también conocidas como “patentes de la vida”, porque protegen material biológico, de origen:
- Animal (por ejemplo, modelos para la investigación, animales donantes de xenotransplantación, animales lecheros que producen medicamentos en la leche).
- Vegetal (semillas de soja resistentes a los herbicidas, arroz con acumulación de vitamina A o plantas resistentes a la sequía).
- Humano (genes para diagnosticar el cáncer de mama o células madre para el tratamiento de la leucemia).
Las patentes en general y las patentes biotecnológicas en particular son un instrumento de vital importancia para poder curar enfermedades. Por ejemplo, con tecnologías como el CRISPR-Cas9 destinadas erradicar enfermedades genéticas hereditarias, pero también útiles para mejorar nuestra dotación genética.
Por lo tanto, son esenciales para poder disfrutar del derecho a la salud reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, además, son el motor de la innovación, dado que ayudan a divulgar conocimiento científico y a obtener un rédito económico de la investigación.
Dada la importancia de las patentes, resulta especialmente preocupante el anuncio por parte de Rusia de la aprobación del Decreto nº 299 referente al uso de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales en la Federación Rusa, que precisamente permite que los titulares de patentes no obtengan ningún tipo de compensación por el uso de las mismas en territorio ruso, en caso de emergencia sanitaria o de defensa de la seguridad nacional.
Este decreto es una respuesta “jurídica” a las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania y se convierte en un instrumento más de la guerra, en este caso, de la guerra económica. Su efecto inmediato es la posibilidad de establecer una compensación cero para el titular de una patente, y de explotar la patente por parte de terceros (particulares y empresas rusas) sin consentimiento del titular, con previa autorización del Gobierno.
No se trata de una expropiación per se, pero sí de un tipo de licencia obligatoria, tal como establecen los acuerdos ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, que contemplan suspender temporalmente el derecho de exclusividad del titular de una patente en caso de “emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”.
Estos mecanismos legales ya existían antes del conflicto armado, pero se habían aplicado en pocas ocasiones. El actual escenario abre las puertas a que el Gobierno Ruso decida “limitar” los beneficios por derechos de patentes de países extranjeros considerados “hostiles”. Este decreto, por el momento, no se ha hecho extensivo a los derechos de marca, pero ante la delicada situación, Mc Donald’s, Pepsi, Coca-Cola o Starbucks ya han abandonado el país.
Este instrumento legal ya se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la empresa Bayer perdió sus derechos de la patente de la aspirina en Estados Unidos, porque el gobierno estadounidense secuestró la propiedad intelectual de las empresas asociadas con el enemigo.
Hasta el momento, Rusia ha sido un mercado importante para las empresas de innovación. Solo en el año 2019, se concedieron 34.000 patentes en Rusia, de las cuales aproximadamente 14.000 eran de solicitantes extranjeros con Estados Unidos y Alemania liderando el ranking.
La aplicación de esta medida podría abocar a Rusia a una suerte de “indigencia” tecnológica y económica, ya iniciada, en primer término, con la precipitada salida de empresas internacionales. En el caso de España, los primeros en irse han sido Roca Group con siete fábricas y 2800 empleados en el país o Gestamp y Antolín. También otras empresas como Renault, Volkswagen, Toyota o el grupo Stellantis han decidido cerrar sus fábricas de coches en Rusia y detener las exportaciones.
Por su parte, la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO) han decidido no seguir colaborando con la Oficina Rusa de Patentes (Rospatent) y la Organización Euroasiática de Patentes, a modo de protesta por la invasión de Ucrania.
Sin duda, este panorama jurídico en tiempos de guerra también plantea interrogantes éticos, dado que, con esta medida legal, la población rusa tendrá más difícil el “acceso” a futuras inversiones de empresas innovadoras, a sus innovaciones en todos los sectores, sobre todo farmacéuticos y biotecnológicos por su impacto en la salud, y por supuesto, a un empleo en alguna de ellas.
Es posible afirmar, sin rodeos, que una posible consecuencia de la “economía de guerra” en Rusia es, nuevamente, la Bioprecariedad, es decir la falta de acceso a productos básicos para la vida, pero en este caso, no por “derecho de patente”, sino por su defecto.
Rusia está en guerra no solo con Ucrania, sino con sus propios ciudadanos que son los primeros en notar los graves efectos de la crisis económica que azota el país, y con las empresas internacionales que, hasta ahora, habían invertido en suelo ruso.
En este caso, las patentes podrían perder su poder a manos del Gobierno Ruso si lo considerara necesario, convirtiéndose, así, en un dispositivo biopolítico muy peligroso por sus efectos a nivel científico, económico y por supuesto, sanitario. Se deberá estar atentos a los siguientes movimientos “jurídicos” de Moscú en esta guerra no solo militar.
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