Bioprecariedad en la era Covid

Hace tres años presenté mi tesis doctoral  en la Universidad de Barcelona. Durante su elaboración, acuñé el término “bioprecariedad” entendido como la “violencia estructural contra la vida por la imposibilidad de acceder a productos esenciales para la misma (tratamientos, dispositivos médicos, kits de diagnóstico, medicamentos, combustibles, semillas o alimentos) por los elevados precios de los productos patentados”.

En ese momento, me refería a los tratamientos antirretrovirales contra el SIDA que no llegaban a los países pobres debido a los elevados precios de los fármacos patentados. No obstante, ya apunté la posibilidad de que este mismo problema pudiera afectar en cualquier momento a los países ricos.

En el contexto de la actual pandemia, nos hemos enfrentado a esa carestía de medios en los centros sanitarios en forma de mascarillas, kits de protección, camas, respiradores, y un largo y doloroso etcétera.

Incluso hemos asistido al control biopolítico de la todopoderosa industria farmacéutica, las denominadas “Big Pharma”, que han marcado los tiempos de “distribución” de las vacunas a sus países-cliente, como el caso de la Unión Europea.

Así ocurrió con la vacuna de AstraZeneca, cuya entrega tardía el pasado año, provocó que la Unión Europea solicitara multas millonarias a dicha compañía. Finalmente, ambos actores han llegado a un acuerdo tras dos juicios en Bélgica, que supone la entrega de 200 millones de su vacuna contra el Covid.

La actual variante Ómicron que nos atenaza procede del sur de África, donde no han llegado las dosis necesarias para frenar la expansión del Covid. Este hecho pone de manifiesto el fracaso del denominado “reparto solidario” de vacunas que anunciaba COVAX, un programa internacional creado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la llegada de vacunas contra el Covid a los países de renta baja y media.

La gran paradoja a la que asistimos actualmente es que mientras los ciudadanos de Europa y Estados Unidos ya tienen a su disposición la tercera dosis de la vacuna, África apenas tiene vacunada con la pauta completa al 8% de su población.

Este certifica que la bioprecariedad ciertamente ha afectado al “mundo rico”, pero los países pobres siguen siendo la parte más débil y afectada.

Ciertamente la liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid que ya han solicitado países como Sudáfrica e India ante la Organización Mundial del Comercio podría paliar los efectos del monopolio que implica la concesión de una patente, cuya duración es de veinte años desde la fecha de solicitud.

Estos países se han acogido a los acuerdos ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) firmados en 1994, que contemplan la concesión de licencias obligatorias de patentes por parte del Estado para suspender temporalmente el derecho de exclusividad del titular de una patente en caso de “emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia (Art. 31, ).

El actual escenario de pandemia cumple con creces esta conducción de emergencia. Por ese motivo, es necesario tomar medidas que fomenten una distribución solidaria de los recursos necesarios.

Parece que la “violencia estructural contra la vida” sigue siendo la norma en un mundo en el que la desigualdad y la injusticia global siguen siendo protagonistas. Una ética de la salud pública que se fundamente en la dignidad y la responsabilidad,  y que, a su vez, evite la “mercantilización de la vida” puede indicarnos el camino hacia una sociedad más justa. Un modo de ponerlo en práctica sería regular la concesión de patentes según valores éticos y no solo técnicos como en la actualidad, con el fin de obtener patentes “económicamente rentables” y “éticamente aceptables”. La pandemia es el escenario indicado para intentar cambiar las cosas.

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