Recientemente, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ, por sus siglas en inglés) publicó un informe que aboga por revisiones significativas del derecho penal, como:
- La despenalización de la prostitución.
- La transmisión intencional del VIH.
- La compra y posesión de drogas para uso personal.
En particular, el informe también llama a reexaminar las leyes relacionadas con la conducta sexual consensuada que involucra a niños menores de edad y personas con discapacidades que normalmente no pueden «dar su consentimiento».
El informe afirma en un momento:
“La conducta sexual consentida… no puede ser penalizada en ninguna circunstancia… Además, la conducta sexual que involucra a personas menores de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita a nivel nacional puede ser consentida de hecho, si no de derecho”.
¿Cuál es la controversia?
Tras la publicación de este informe, varios medios de comunicación declararon que era “desinformación” decir que el informe incluía actividades sexuales entre adultos y menores. La CIJ publicó una aclaración afirmando que el informe no lo contempla.
Sin embargo, otras organizaciones de derechos humanos han señalado que el lenguaje llano del informe sugiere lo contrario.
En concreto, en múltiples apartados del informe se hace referencia a la «capacidad evolutiva de consentimiento» de los adolescentes, se afirma que los adolescentes pueden consentir conductas sexuales «de hecho, si no de derecho», y se afirma que la aplicación del derecho penal no debe aplicarse cuando estos actos sexuales son «consentidos». En cada uno de estos apartados, el informe no hace referencia a ninguna limitación en cuanto a la edad de la otra persona que participa en este acto «consentido».
La CIJ es un grupo de 60 jueces y abogados de todo el mundo que ue pretenden influir en la reforma legislativa e incidir en la toma de decisiones judiciales. Aunque la misión de la CIJ consiste en defender el Estado de derecho, este informe esboza estrategias para acabar con el Estado de derecho y desmantelar sectores enteros del sistema de justicia penal.
Los niños y el consentimiento
Por ley, los niños no pueden consentir conductas sexuales con adultos. Las propuestas para reconocer lo contrario deben clasificarse como lo que son: un intento de abogar por la revisión de las leyes sobre la edad de consentimiento.
Por su edad y desarrollo, los niños -incluso los adolescentes- no pueden apreciar plenamente la naturaleza y las consecuencias de decisiones graves, razón por la cual muchos ámbitos del derecho (atención médica general, contratos, servicio militar) normalmente no permiten que los niños den su consentimiento.
Los adolescentes difieren en el desarrollo cognitivo, emocional y psicológico en comparación con los adultos. Las limitaciones legales reconocen que los adolescentes pueden no tomar decisiones óptimas en su mejor interés con base en esta etapa de desarrollo.
Los adolescentes pueden verse influenciados por sus compañeros, estar menos orientados hacia el futuro, ser más impulsivos, considerar los riesgos y las recompensas de forma diferente y estar aún en pleno desarrollo de su identidad. El Tribunal Supremo también ha señalado que los menores son vulnerables a las influencias negativas, la presión de la familia y los compañeros, tienen un control limitado sobre su entorno y, en muchos casos, no pueden alejarse de entornos peligrosos.
Leyes que protegen a los niños de agresiones y abusos sexuales
Las leyes estatales protegen a los niños a través de varios mecanismos, incluidas las leyes penales contra la agresión sexual, el abuso sexual y la explotación.
Cada estado especifica la mayoría de edad para el consentimiento sexual, que generalmente oscila entre los 16 y los 18 años. Las leyes estatales asumen que las actividades sexuales entre un adulto y un niño menor de cierta edad son coercitivas, incluso si ambas personas piensan que son voluntarias. Esto proporciona un importante mecanismo de protección y alivia a los niños de la carga de tener que demostrar el elemento de coerción o fuerza que normalmente se requiere en los casos de agresión sexual.
Las leyes de agresión sexual penalizan la actividad sexual con menores porque reconocen el potencial de “relaciones desiguales, manipuladoras y depredadoras”. En algunos casos , los adolescentes “consienten” tener relaciones sexuales con adultos que los colman de atenciones y regalos. Pero estas interacciones están marcadas por desequilibrios de poder, vulnerabilidad y distorsión de la confianza.
Las leyes sobre agresión sexual abarcan lo que comúnmente se llama violación de menores(estupro), donde la ley prohíbe y penaliza las actividades sexuales según la edad del perpetrador y la edad de la víctima. Las leyes sobre violación de menores mantienen el deber del estado de proteger a los niños de los demás -e incluso de sus propias decisiones- en función de la vulnerabilidad de edad.
Cada ley estatal también clasifica qué acciones constituyen abuso sexual, lo cual varía según el estado. El abuso sexual incluye no solo participar en actividades sexuales con un niño sino también:
- Exponer a los niños a contenido sexualmente inapropiado.
- Persuadir o inducir a un niño a participar en actividades sexuales.
- Incesto.
- Abuso sexual.
La Administración para la Infancia y las Familias clasifica estas acciones como maltrato para la gratificación sexual o el beneficio económico del autor.
Ambas categorías, agresión sexual y abuso sexual, también pueden coincidir con las leyes penales relacionadas con la explotación infantil y el tráfico sexual, que el FBI define como el abuso sexual de un menor con fines económicos.
Las consecuencias de la agresión y el abuso sexual infantil
Todas estas leyes están diseñadas para proteger a los niños del:
- Contacto sexual no deseado.
- La coerción.
- El abuso.
- El daño psicológico.
- Las consecuencias tempranas de la actividad sexual, como el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.
Éticamente, estas leyes preservan:
- La integridad corporal.
- La privacidad.
- Y el desarrollo de la autonomía de los niños.
Los niños que experimentan abuso sexual corren un mayor riesgo de:
- Lesiones físicas.
- Problemas ginecológicos (dolor pélvico crónico, vaginismo, dismenorrea sexual).
- Condiciones somáticas (dolor crónico, trastornos gastrointestinales).
- Condiciones adversas de salud mental (depresión, PTSD, intentos de suicidio).
- Y abuso de sustancias.
Por otra parte, esta población de niños puede experimentar visiones distorsionadas de las relaciones sexuales, barreras para las relaciones apropiadas para su edad con sus compañeros y dificultades de desarrollo.
Las estadísticas varían, pero algunos informan que 1 de cada 9 niñas y 1 de cada 53 niños menores de 18 años experimentan abuso o agresión sexual por parte de un adulto. Según los CDC, en el 91 por ciento de los casos, el abuso sexual infantil es perpetrado por una persona conocida por el niño o los miembros de la familia, incluidas las personas que pueden estar en una posición de confianza, autoridad o influencia.
Estos trágicos casos salpican las noticias de cada semana: los supuestos planes de un profesor para agredir sexualmente a un niño de siete años; una amiga de la familia que atraía a muchachos adolescentes a su casa para realizar actos sexuales; y un padrastro que abusó sexualmente de su hijastra de diez años.
Distorsión de la justicia
Cambiar la definición de contacto sexual consentido afirmando que los niños pueden “de hecho” dar su consentimiento a tales actividades sexuales dañaría, si no destruiría, la capacidad del estado para castigar a los delincuentes más atroces.
Es importante destacar que esta clase de delincuentes a veces defiende su comportamiento depredador al afirmar que los niños son sexuales, quieren este tipo de atención y que estas interacciones son mutuas y aceptables. Como sociedad, criminalizar estas acciones refleja la condena pública de la conducta dañina y establece límites sobre qué acciones no son moralmente tolerables.
Los niños están, y deberían permanecer, fuera del alcance de las actividades sexuales de los adultos.
Este tipo de propuesta invierte el objetivo del sistema de justicia de proteger a las víctimas para sancionar la depredación y gratificación de los adultos a expensas del bienestar físico y psicológico de los niños.
Publicada en Mercatornet por Katherine Drabiak | 10 de mayo de 2023 | How could an international commission of legal experts recommend revisiting the age of consent?
Otros artículos:
