Recientemente la Administración federal de los EEUU ha modificado su política sobre vacunación infantil. Su motivación es recuperar la confianza social mediante un calendario más flexible, una mayor capacidad de decisión para las familias y una revisión más rigurosa de la seguridad de las vacunas.
Sin embargo, esta orden ejecutiva ha recibido numerosas críticas. Quienes la cuestionan advierten que algunas de las medidas anunciadas carecen de suficiente respaldo científico y podrían dejar a determinados niños desprotegidos durante más tiempo.
Los argumentos de la Administración federal
La orden ejecutiva firmada el 10 de agosto de 2026 recoge unas nuevas recomendaciones federales denominadas Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations. Su objetivo afirma la Administración, es aproximar el calendario estadounidense al de otros países desarrollados y ofrecer más opciones a las familias.
Hay que recordar que en 2024 Estados Unidos recomendaba la vacunación universal frente a 18 enfermedades, mientras que otros países desarrollados aplicaban calendarios más reducidos y, sin embargo, obtenían buenos resultados sanitarios. La propuesta actual del Gobierno es priorizar la inmunización universal frente a 11 enfermedades. Las restantes vacunas no van a desaparecer sino que pasarán a recomendarse para determinados grupos de riesgo o para cuando hay un acuerdo mediante una decisión compartida entre los padres y el profesional sanitario.
La Casa Blanca también sostiene que las familias deben disponer de más información y flexibilidad para decidir el momento y la forma de administrar las vacunas. Relaciona esta posición con la libertad religiosa, las excepciones médicas y la autoridad de los padres frente a determinados requisitos de vacunación escolar. Es decir, involucra más a los padres en las decisiones sobre terapias para sus hijos.
Un punto especialmente conflictivo es que se quiera que la vacuna triple vírica —sarampión, paperas y rubéola— pueda administrarse mediante tres vacunas individuales. También recomienda que, cuando se pueda, las vacunas infantiles se administren en consultas médicas distintas. Esta separación permitiría ofrecer más opciones y facilitar una toma de decisiones individualizada. Como en la situación anterior, las vacunas combinadas continuarán también estando disponibles.
Un último objetivo del Gobierno es reforzar la investigación. Entre las medidas propuestas se encuentran mejorar la evaluación continuada de la relación entre beneficios y riesgos, la búsqueda de alternativas a determinados adyuvantes, un mayor seguimiento de posibles efectos adversos y una mayor transparencia en la elaboración de las recomendaciones.
Las objeciones de los críticos
Las sociedades científicas y los especialistas en salud pública que han criticado esta nueva política no cuestionan la conveniencia de informar mejor a las familias ni la necesidad de revisar continuamente la seguridad de las vacunas. Sus dudas se centran en si esos objetivos pueden alcanzarse mediante las medidas propuestas.
La primera objeción es la falta de evidencia de que separar los componentes de la vacuna triple vírica aporte mayor seguridad o eficacia. Algunos expertos señalan que no existe evidencia científica publicada que demuestre un beneficio derivado de administrar por separado las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola.
La segunda objeción afecta al espaciamiento de las vacunas. Distribuirlas en un mayor número de consultas puede prolongar el periodo durante el cual el niño permanece sin protección. También aumenta la posibilidad de que algunas familias no completen el calendario. Este riesgo no se distribuye de manera uniforme. Las familias con menos recursos, dificultades de transporte, empleos poco flexibles o acceso limitado a la atención pediátrica encontrarían más obstáculos para acudir a numerosas consultas. Una política presentada como ampliación de las opciones podría, en la práctica, incrementar las desigualdades.
También consideran que los cambios en el calendario deberían surgir de una evaluación pública y transparente de la evidencia, realizada por comités independientes y especialistas cualificados. Cuando las decisiones parecen proceder primero del poder político y después buscan su justificación científica, la confianza institucional puede verse aún más debilitada.
Conclusiones
Un punto que nos parece importante señalar es que con estas decisiones se ha puesto de relieve la necesidad de considerar el papel de los padres como fuente de las decisiones sobre sus hijos. Es cierto que la cuestión de las vacunas no afecta solo a la salud individual sino a la protección del conjunto de la población. Pero las experiencias recientes sobre las vacunaciones en la época del covid-19 han revelado una tendencia a obligar a la población a recibir determinadas intervenciones sanitarias sin suficiente evidencia científica sobre su eficacia. Los padres pueden tomar malas decisiones, pero también los gobiernos pueden ambicionar el control desproporcionado de la sociedad bajo el paraguas de la seguridad.
La justicia exige estudiar de antemano cómo evitar que la flexibilidad del sistema termine reduciendo la protección de los grupos socialmente más vulnerables, porque los más capaces disponen de más medios para elegir y acceder a los recursos.
La Administración acierta al identificar la pérdida de confianza como un problema real. Por tanto las dudas de las familias no deben ser ridiculizadas ni respondidas únicamente mediante apelaciones a la autoridad o a la fuerza. Los profesionales y las instituciones deben explicar qué se sabe, cómo se sabe y qué incertidumbres permanecen abiertas. También deben reconocer errores, comunicar posibles efectos adversos y mantener mecanismos independientes de vigilancia.
Es posible defender simultáneamente una mejor información para los padres, una vigilancia más rigurosa, una investigación independiente y un calendario basado en la mejor evidencia disponible. También es razonable revisar periódicamente qué vacunas deben recomendarse universalmente y cuáles deberían reservarse para grupos concretos.
Referencias
- Casa Blanca: Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, 10 de agosto de 2026
- Orden ejecutiva sobre vacunación infantil
- Departamento de Salud de Estados Unidos: actualización del calendario infantil
- Departamento de Salud: información para familias sobre el espaciamiento de vacunas
- Associated Press: anuncio de la nueva política
- Associated Press: dificultades científicas y prácticas de separar las vacunas
- STAT: análisis de la orden y de la controversia científica
