En la vida corriente nos movemos en medio de tópicos y eso nos facilita muchas veces decidir, sin tener que poner mucho esfuerzo. Pero tiene también el peligro de acostumbrarse a aceptar como bueno o como malo, comportamientos que con un poco de sentido crítico que hubiésemos aplicado no habríamos aceptado.
Un caso concreto es la etiqueta mental de que el concebido, el enfermo o el discapacitado es un pobre que, en ocasiones, lo mejor puede ocurrirle es desaparecer. Así expresado nadie lo asumirá, pero sin embargo, en mi opinión, ya está en el imaginario cultural, y por tanto se toman decisiones bajo ese supuesto.
Como quien no quiere la cosa, estamos cayendo cada vez más en un tipo de sociedad con dos clases tremendamente desiguales: los fuertes y los débiles. Los fuertes tienen salud, pueden elegir -sobre todo lo que compran-, se pueden defender, pueden hacer respetar sus derechos. Aceptamos que su vida vale la pena, tienen calidad de vida.
Los débiles lo son por muchas causas: porque están enfermos, porque tienen poca capacidad de razonar, porque no poseen los medios para que se les haga justicia, porque dependen mucho de los otros. La vida de estos es mucho menos interesante, y no tiene calidad.
Quisiera aplicarlo a dos temas muy actuales en nuestra sociedad: la cuestión de la ampliación de la ley del aborto, y la de la introducción de la legalización de la eutanasia. Hoy nos ceñiremos a la primera cuestión.
¿Es posible ampliar la ley del aborto en España? Se responderá que sí. Sin embargo, si atendemos a la realidad de la historia reciente, en diez años prácticamente no se ha aplicado la ley, ya que no se ha perseguido su transgresión. En la práctica, no podría ser ampliada. ¿Qué se está intentando entonces? Cambiar la consideración que tiene el aborto, como algo malo pero tolerable, y pasar a incluirlo entre los derechos de la persona humana. Aunque se puedan oír muchas elucubraciones, a lo que realmente estamos asistiendo es al debate entre los partidarios de legislar aceptando el aborto en casi todos los casos, y los que consideran que el aborto es inaceptable en la práctica totalidad de ellos.
Esto se ve con claridad si tenemos en cuenta que los únicos dos hechos importantes en los primeros momentos de la vida son el empezar a existir y el nacer. Entre estos dos momentos hay aparición y crecimiento de muchas capacidades pero sólo eso: un desarrollo gradual del ser humano. Esta hecho impone que se tenga que optar por defender la vida desde la concepción o moverse en una indefinición respecto a las razones para fijar unos plazos u otros, o unas condiciones u otras. ¿Por qué el plazo va a ser las 12 primeras semanas, y no de 13? Seguramente se alegará algún motivo, pero que podría ser también cualquier otro. Porque en realidad en el feto no se dan cambios tan sustanciales como para que un día sea ético y legal acabar con su vida y al día siguiente sea un delito.
Pero además, la determinación de estos plazos es algo que deciden 614 políticos -350 diputados más 264 senadores, que son los que van a legislar sobre esta materia. Incluso podemos aventurar que la decisión es de muchos menos: los que forman parte de las ejecutivas de los partidos, porque el resto votara según se les ordene. ¿Se dan cuenta estas personas de la responsabilidad que asumen al juzgar sobre la vida o la muerte de otros seres humanos? ¿La sociedad ha puesto en sus manos esta capacidad? Yo no. Es más, si se piensa fríamente serán pocos los que pongan en manos de los políticos esta capacidad.
Se objetará que con esa legislación no se obliga a nadie a abortar. Pero esta excusa es una falacia. La función pedagógica de la ley, y la falta de dedicación de recursos para sostener a las madres que quieren tener a sus hijos, es una presión suficientemente fuerte como para desequilibrar la igualdad de oportunidades.
Otro aspecto del imaginario cultural que admitimos sin criticar, es la consideración de que una ser humano discapacitado, o que sabemos que va a desarrollar una enfermedad cuyo origen genético conocemos, no merece la misma protección que si no tuviese esa misma discapacidad o no conociésemos sus enfermedades futuras.
Recientemente el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados porque en la perspectiva de la nueva ley considera que la discapacidad del feto, es decir, que sufra grandes taras físicas o psíquicas, constituye un trato desigual en razón de esta discapacidad, y que por consiguiente es contraria a la Convención de la ONU sobre derecho de las personas con discapacidad, ratificada por España.
En la actualidad, el aborto se aplica masivamente en España -en más del 80 % de los casos- a los fetos que tienen el síndrome de Down. Pensar, como se está haciendo, que es una lástima que haya nacido un 20 % cuando se podría haber diagnosticado y abortado, no es que es sea una inmoralidad, sino que es algo irracional. Otro tanto se puede decir de plantear que la vida o la muerte de esos niños quede a la libre decisión de sus progenitores, que son los que van a tener «que cargar» con ellos.
Recientemente también, está empezando a desarrollarse el diagnóstico genético, que es muy útil en determinados casos de herencia genética. Pero también vemos cómo se plantea su uso en otras ocasiones. Se dice que es bueno, porque conseguimos que los niños nazcan sanos. Pero eso no es cierto. Lo que ocurre es que l sano lo dejamos nacer y a los otros los matamos.
Quienes hayan visto Gattaca, recordarán lo que ocurre a los hombres cuando la sociedad determina clasificarlos por su genes.
enlaces interesantes :
Abortar a un feto con taras es trato desigual por motivos de discapacidad, denuncia el CERMI
