Que Julian Savulescu, bioético australiano afincado en Oxford, se oponga a la objeción de conciencia del personal sanitario no es una novedad para los que seguimos ese tema. El pasado 25 de agosto el Sydney Morning Herald anunció que el 30 del mismo mes este profesor iba a hablar sobre el argumento en una conferencia en el Australian Centre for Health Law Research (lugar y momento clave, porque en el estado de Queensland se está debatiendo en estos días sobre la modificación de la ley del aborto). La noticia transmitía claramente su mensaje: «When a medical procedure, or one which doctors have a monopoly over, is desired by the patient, in the patient’s interests, and is a legal and reasonable use of limited resources, then that procedure ought to be provided by doctors”. A saber: cuando un procedimiento (1) sólo lo puede realizar un médico (entra en su exclusivo ámbito de competencia); (2) es deseado por un paciente; (3) está en la línea de sus intereses, suponiendo aquí que se refiere a que contribuya al bien del paciente; (4) es legal y (5) requiere un uso limitado y razonable de medios, entonces debería estar prohibida la objeción de conciencia del médico a la realización de tal procedimiento. Puede ser, pero su visión tiene varios puntos débiles, de los que comentaremos sólo dos: la separación radical entre la ética personal y la ética pública, por un lado; y la imprecisión en establecer cuál es el “interés” o el “bien” del paciente, por el otro.
Su tesis de fondo es que la ética personal, fundamentada en los valores que sean –religiosos, ideológicos o de conciencia–, no debe influir en la actuación profesional de una persona, porque en lo social la moralidad viene a identificarse con la legalidad. Una buena traducción es que si el aborto o la eutanasia son legales y libres en un país y un ciudadano los desea y puede correr con los gastos, entonces, si soy el especialista y se da la coincidencia de que ese ciudadano es “mi” paciente, entonces “tengo que” concedérselos. Y esto por un doble motivo: el primero, que sólo el médico es el profesional habilitado para eso (es el mecánico de cuerpos humanos); el segundo, que la sociedad se ha comprometido a ofrecer ese servicio y ningún médico puede sustraerse a un compromiso social: tiene que estar disponible para hacerlo. Si no, que no sea médico. Él mismo nos lo explica en un artículo de 2006: “those commitments [los dos mencionados o la anticoncepción, la esterilización, el cambio de sexo…] are part of being a doctor. Someone non prepared on religious grounds (…) should not become a gynaecologist”. O, en otras palabras, “if people are not prepared to offer legally permitted, efficient, and beneficial care to a patient because it conflicts with their values, they should not be doctors. Doctors should not offer partial medical services or partially discharge their obligations to care for their patients”. E ilustra su principio mediante la clásica forma retórica de la reducción al absurdo, esto es, poniendo ejemplos inverosímiles que le ganen el favor del lector: “Imagine an intensive care doctor refusing to treat people over the age of 70 because he believes such patients have had a fair innings”; J. Cantor, otra grande opositora a la objeción de conciencia, recurre al mismo método y nos invita a imaginarnos un médico internista que se niega a tratar a un diabético con sobrepeso porque lo considera un glotón y no soporta a los que tienen ese vicio; o un cirujano que se oponga a las transfusiones; o un especialista en trasplantes que está convencido que los cadáveres deben ser sepultados íntegros (no “mutilados”)… Efectivamente, si pasamos por el mismo rasero la objeción al aborto o a la eutanasia y los ejemplos que han sido citados, no llegaremos muy lejos. Estamos todos de acuerdo en que el cirujano que se oponga a las transfusiones de sangre simplemente no debería ser cirujano. Pero ¿qué ocurre cuando se está convencido de que no hay ningún motivo que pueda justificar éticamente la eliminación directa y voluntaria de un ser humano, como lo es el aborto o la eutanasia? ¿Un médico que cree eso no puede ser ginecólogo? ¿Sólo pueden ser ginecólogos o dedicarse a los cuidados paliativos los que estén dispuestos a matar seres humanos? Y, por cierto, ¿dónde está, en estos casos, la diferencia entre la ética personal y la ética social?
Que la ley no es infalible es un presupuesto del concepto mismo de Estado constitucional democrático, y la tradicionalmente aceptada objeción de conciencia sale al paso de este humilde auto-reconocimiento de falibilidad. Ley civil no es igual a ley moral, de acuerdo; pero debemos estar en condiciones de reconocer la posibilidad de que no todo lo legalmente aceptado es “bueno”. Prueba de ello es el ejemplo que ofrece V.P. Smith para rebatir el argumento de Savulescu: “Since visiting Auschwitz, I have grappled with the question of how I would have behaved as a doctor in Nazi Germany or Stalinist Russia. I hope I would have had the moral courage to refuse to participate in the various perversions of medicine that these regimes demanded–for example, respectively, eugenic «research» and psychiatric «treatment» of dissidents”. Estos son ejemplos de procedimientos médicos que fueron legalizados por una autoridad y aprobados por un Pueblo. Si, tal como propone Savulescu, el médico –o en su caso el farmacéutico o la enfermera– son meros aplicadores mecánicos de protocolos, y si los valores religiosos o de conciencia no juegan un papel importante también en el ejercicio de su profesión, la sociedad como tal no logrará nunca dirigirse hacia el tan anhelado bien común.
No me resisto a señalar otro agujero en la argumentación de nuestro autor. En principio, la cita con la que hemos comenzado este comentario puede alcanzar un consenso más o menos generalizado, pero hay que entrar en el detalle: en ella hace mención los “intereses” (el bien) del paciente, pero ¿en qué consiste este “bien”? O más aún: ¿puede constituir alguna vez el “bien” de alguien, o ser reconocido como “interés” legítimo de alguien, la eliminación directa de otro ser humano? Esto es lo que a veces percibe el médico cuando ejercita la objeción de conciencia. Los estados modernos han logrado establecer un derecho tan contradictorio como el que permite causar la muerte, pero lo que no debería dejar de reconocer nunca es que uno de sus ciudadanos se niegue a perpetrarla.
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Lela Tejedor del Saz escribió:
Su tesis de fondo es que la ética personal, fundamentada en los valores que sean –religiosos, ideológicos o de conciencia–, no debe influir en la actuación profesional de una persona, porque en lo social la moralidad viene a identificarse con la legalidad. Una buena traducción es que si el aborto o la eutanasia son legales y libres en un país y un ciudadano los desea y puede correr con los gastos, entonces, si soy el especialista y se da la coincidencia de que ese ciudadano es “mi” paciente, entonces “tengo que” concedérselos. Y esto por un doble motivo: el primero, que sólo el médico es el profesional habilitado para eso (es el mecánico de cuerpos humanos); el segundo, que la sociedad se ha comprometido a ofrecer ese servicio y ningún médico puede sustraerse a un compromiso social: tiene que estar disponible para hacerlo. Si no, que no sea médico. Él mismo nos lo explica en un artículo de 2006: “those commitments [los dos mencionados o la anticoncepción, la esterilización, el cambio de sexo…] are part of being a doctor. Someone non prepared on religious grounds (…) should not become a gynaecologist”. O, en otras palabras, “if people are not prepared to offer legally permitted, efficient, and beneficial care to a patient because it conflicts with their values, they should not be doctors. Doctors should not offer partial medical services or partially discharge their obligations to care for their patients”. E ilustra su principio mediante la clásica forma retórica de la reducción al absurdo, esto es, poniendo ejemplos inverosímiles que le ganen el favor del lector: “Imagine an intensive care doctor refusing to treat people over the age of 70 because he believes such patients have had a fair innings”; J. Cantor, otra grande opositora a la objeción de conciencia, recurre al mismo método y nos invita a imaginarnos un médico internista que se niega a tratar a un diabético con sobrepeso porque lo considera un glotón y no soporta a los que tienen ese vicio; o un cirujano que se oponga a las transfusiones; o un especialista en trasplantes que está convencido que los cadáveres deben ser sepultados íntegros (no “mutilados”)… Efectivamente, si pasamos por el mismo rasero la objeción al aborto o a la eutanasia y los ejemplos que han sido citados, no llegaremos muy lejos. Estamos todos de acuerdo en que el cirujano que se oponga a las transfusiones de sangre simplemente no debería ser cirujano. Pero ¿qué ocurre cuando se está convencido de que no hay ningún motivo que pueda justificar éticamente la eliminación directa y voluntaria de un ser humano, como lo es el aborto o la eutanasia? ¿Un médico que cree eso no puede ser ginecólogo? ¿Sólo pueden ser ginecólogos o dedicarse a los cuidados paliativos los que estén dispuestos a matar seres humanos? Y, por cierto, ¿dónde está, en estos casos, la diferencia entre la ética personal y la ética social?
Simplemente, lo que no debería estar permitido es platear tesis totalitarias como éstas. Si una persona escribe, lo que realmente significa lo que he leído «si no eres de nuestro grupo ideológico no puedes trabajar aquí», debería ser severamente sancionada. Para empezar, la ley posibilita no obliga, es lo que los partidarios del aborto se desgañitan en gritar a cada momento. Pero la misma ley que posibilita el aborto posibilita la objeción de conciencia. Luego el argumento es fácilmente falsable. El médico ejerce en términos legales, además de científicos, su profesión y su relación con el paciente, y es paciente no cliente, luego la ley que permite una cosa permite la otra, pero no como un servicio de peluquería, sino en el interés de la salud del paciente que se puede ver afectada por el «tratamiento» (lo digo así porque se equipara a un trasplante de riñón). Aun es más, si el aborto es un «tratamiento», y este se da legalmente, se debería dar en toda su expresión, y por tanto, también en el ámbito de la responsabilidad. Luego, si del «tratamiento» se deriva un daño a la salud de la paciente que ha abortado, el médico se equivocó, causó un daño que debería haber previsto, luego tendrá que indemnizarle.
Yo, por poner otra reducción al absurdo, puedo pretender, como paciente, que me amputen la pierna derecha, ningún médico lo hará si no ve una causa grave que lo justifique. Aunque sea una parte de mi cuerpo, nadie va a atender a mi supuesto derecho, a pesar que ninguna ley lo prohíbe, y jurídicamente está permitido todo lo que no está prohibido, ¿por qué no me amputan la pierna? Porque además de la libertad, tengo un derecho a la salud y a la integridad física, prioritarios, y el derecho, como tal, es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Como España ha constituido el derecho a la vida, la eutanasia podría ser llevada al TC para su anulación por inconstitucionalidad, pero desgracidamente sabemos lo que el TC diría en caso de estar mayoritariamente nombrado, como lo estará, por socialistas, comunistas, nacionalistas y liberales (C’s), que sí a la eutanasia, y no a un derehco i+i+i, lo que es peligrosísimo, ya que al eliminar una i (irrenunciabilidad) se está eliminado implícitamente las otras dos, y posibilitando que un legislador tan totalitario pero no tan buenista proponga una prescripción del derecho a la vida (por edad), atendiendo a las necesidadas de las pensiones, por ejemplo, o casos en que el estado puede decidir en contra de los derechos subjetivos (por ejemplo, por los elevados costes de pagar el tratamiento de una enfermedad grave a una persona de avanzada edad).
Esto se ve muy claramente en el mundo «más avanzado». El segundo paso a matar seres humanos en sus primeras etapas de vida, da lugar a matar seres humanos en las finales, y de ahí cuando el «paciente» lo pida en base a unas causas, pasamos entonces a eliminar esas causas, y quedarnos solo con la voluntad de poner fin a la vida, incluso la necesidad de mayoría de edad para pedir la autanasia o el aborto, si los padres no queiren decide un juez, incluso el médico, y finalmente como algún caso en Holanda o China, se puede imponer como obligación por el estado, o poner cargas muy elevadas por el nacimiento de un segundo o tercer hijo, o como se intentó hace pocos años en la Alemania de Sroeder, quitarles niños a las familias numerosas.
En el fondo no hay duda alguna que un feto es un ser humano, tan poca como la que hay sobre le «paciente» que pide la autanasia, eso solo sirvió para justificar el aborto en sus primeras fases. La eutanasia demuestra que el aborto se justifica precisamente por la seguridad que el feto es un ser humano, y que terminada la gestación nacerá un niño molesto al que se desea eliminar en una fase en la que, por no ser visible, es estético pero jamás ético. Esto lo entienden muchos profesionales de muchas creencias diferentes, ateos y agnósticos, es por eso que se niegan, y quines reclaman la deslegalización de la objeción de conciencia, demuestran que a falta de argumentos para convencer, siempre está a mano la fuerza bruta para imponer. Temo que, aunque nunca convencerán, vencerán. La objeción de conciencia será otra víctima más del aborto, y con ella la misma democracia.