La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, reguló la eutanasia en España, entrando en vigor el 25 de junio de 2021. La prestación de ayuda para morir (PAM) se incluye en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y es de financiación pública.
El informe de 2023 detalla los datos estadísticos sobre las solicitudes, las prestaciones realizadas, el personal sanitario involucrado y el contexto de la realización de la eutanasia.
Resumen de datos:
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Perfil de los Solicitantes:
La edad media de los solicitantes fue de 68,78 años, con una mediana de 78,46 años. El grupo de edad más frecuente fue el de 70 a 79 años (28%). En cuanto al sexo, hubo una distribución casi equitativa entre hombres (50,7%) y mujeres (49,21%).
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Enfermedades de Base:
Las enfermedades más frecuentes fueron la oncológica y la neurológica, ambas con un 35% de las solicitudes. Otras patologías incluyeron pluripatología orgánica severa (6%), enfermedades respiratorias (3%), cardiológicas (2%) y otras no especificadas (14%).
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Capacidad de Hecho e Instrucciones Previas:
La mayoría de los solicitantes (95%) poseían capacidad de hecho al inicio de la solicitud. Un 15% estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad. Además, algunas solicitudes se iniciaron mediante instrucciones previas (IP).
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Lugares de la Prestación:
La prestación se realizó mayoritariamente en el ámbito hospitalario (47%) y en el domicilio del paciente (44%). Un porcentaje menor se llevó a cabo en instituciones socio-sanitarias (6%) y centros no hospitalarios (3%). La mayoría de las prestaciones fueron en el ámbito de la sanidad pública, aunque un 8.38% se realizaron en centros privados.
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Modalidad de la Prestación:
La modalidad más utilizada fue la administración directa de la medicación por el equipo sanitario (modalidad 1), en 316 ocasiones. La autoadministración (modalidad 2) se registró en 18 casos.
- Profesionales Involucrados:
Los médicos de familia fueron los médicos responsables (MR) más frecuentes, seguidos por neurólogos y oncólogos. Los médicos consultores (MC) fueron principalmente geriatras y neurólogos.
Resultados de la aplicación de la ley
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Duración del proceso:
El tiempo medio transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la PAM fue de 67 días, con una mediana de 54,2 días. Un 25% de los solicitantes fallecieron antes de que se resolviera su solicitud. El número de personas que revocaron la prestación fue mínimo (3%) y los que la aplazaron fue del 4%. El 24% de las solicitudes fueron denegadas, pero más de la mitad de las reclamaciones fueron estimadas.
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Donación de Órganos:
Un 12,5% de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos. Desde la implementación de la ley, 91 personas donaron sus órganos tras la PAM, permitiendo que 250 personas recibieran trasplantes.
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Tasa de Mortalidad:
La tasa de mortalidad por eutanasia en España fue del 0,0767% del total de fallecimientos en 2023. Esta cifra refleja que, aunque es un derecho reconocido, la eutanasia sigue siendo una opción minoritaria dentro del contexto de la mortalidad general.
Reflexiones Bioéticas:
La primera reflexión es que como era de prever la solicitud y prestación de la eutanasia está iniciando un crecimiento constante. Se mantiene sin embargo la relación entre las solicitudes y las prestaciones, aunque los motivos de la no prestación son variados. El 24% de las solicitudes fueron denegadas, pero más de la mitad de las reclamaciones fueron estimadas. En 2023:
Es una lástima que el esfuerzo que se está desarrollando por aplicar esta ley no haya ido acompañado en paralelo por un esfuerzo de atención a los cuidados paliativos. El mismo informe concluya que «es imprescindible garantizar una asistencia sanitaria de calidad que acompañe a las personas en el proceso final de la vida, facilitando una atención adecuada y respetuosa, ya sea a través de cuidados paliativos, sedación terminal o eutanasia, según las preferencias y la situación clínica de cada individuo».
Pero la realidad hay que remarcarlo de nuevo es que aunque se garantiza la asistencia a la eutanasia o el suicidio asistido, no se garantizan ni los cuidados paliativos ni la sedación.
También nos llama la atención cómo la mayoría de los MR que llevan a cabo el proceso son médicos de familia.
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