Una encuesta nacional realizada a más de 18.000 profesionales de la salud en Australia ha revelado que la mayoría de ellos consideran que la medicina se ha politizado. Esto ha sucedido debido a las medidas disciplinarias tomadas contra un psiquiatra que habia cuestionado los tratamientos de género para menores.
La encuesta, llevada a cabo por la Australian Medical Professionals Society (AMPS) y la Nurses Professional Association of Australia (NPAA), ha encontrado que el 95% de los encuestados cree que no hay suficiente evidencia para justificar el uso que se hace de tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad en menores. Además, el 96% opina que los médicos deberían poder cuestionar las guías de tratamiento sin temor a represalias.
«Cuando los médicos tienen miedo de cuestionar las políticas, la medicina deja de ser una ciencia y se convierte en una cuestión de obediencia al Estado», afirman los expertos.
Los resultados de la encuesta se dan a conocer tras las medidas disciplinarias impuestas al profesor Andrew Amos, psiquiatra académico de Queensland, a quien la AHPRA ha prohibido hablar públicamente sobre los tratamientos de reasignación de género en menores. No se ha comprobado que el profesor Amos haya causado ningún perjuicio a los pacientes ni haya incurrido en prácticas clínicas inseguras.
Un patrón de silenciamiento
El caso del psiquiatra no es único. Otra profesional de la salud, la Dra. Jillian Spencer, fue suspendida después de cuestionar el modelo de tratamiento de género para menores en Queensland. A pesar de que su evaluación clínica estaba bien fundamentada, se le notificó su despido justo antes de que un panel independiente emitiera sus conclusiones.
La carta de AMPS y NPAA señala que el propio Marco de Proteccióndel Paciente de Queensland Health reconoce los riesgos a los que se enfrenta el personal que plantea sus inquietudes, entre ellos «el aislamiento profesional, la desaprobación… y las repercusiones legales y económicas».
Estas organizaciones afirman que el Dr. Spencer sufrió precisamente esas consecuencias a pesar de las protecciones establecidas en el marco.
La carta exige la reincorporación del Dr. Spencer en espera de una investigación independiente sobre la represión de los médicos y una revisión formal e independiente de las intervenciones de género en menores en todo el sistema sanitario de Queensland, con unos términos de referencia basados en el informe Cass del Reino Unido.
La autoridad sanitaria en el punto de mira
Los presidentes de NPPA y de AMPS, Thomas y McIntyre defienden que la AHPRA se ha alejado de su función principal. Según ellos, en lugar de investigar prácticas clínicas inseguras, el organismo regulador se dedica cada vez más a controlar la libertad de expresión.
Señalan que las investigaciones del Senado han puesto de manifiesto la preocupación de que solo alrededor de una cuarta parte de los investigadores de la AHPRA tengan formación en el ámbito de la salud, lo que significa que especialistas altamente cualificados pueden ver limitadas sus opiniones profesionales por investigadores sin formación clínica.
«La confianza generada a través de la censura no es lo mismo que la seguridad», advierten.
La falta de evidencia
La controversia surge en un momento en que las autoridades sanitarias de varios países están reevaluando el uso de tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad en menores. La Cass Review, una investigación británica, encontró que la evidencia para justificar estos tratamientos es «notablemente débil». En Estados Unidos, una revisión encontró que los protocolos de transición de género para menores se implementaron «sin suficiente justificación científica ni ética».
Incluso la propia agencia australiana de medicamentos reconoció que no tiene los datos necesarios para evaluar adecuadamente los riesgos de estos tratamientos en menores.
Un sistema de alerta
Los expertos afirman que el patrón es claro: «Los médicos y enfermeros que hoy alzan la voz no son el problema. Son el sistema de alerta». La carta de AMPS y NPAA pide a los ministros de Salud de Queensland que tomen medidas para abordar esta cuestión. El primer plazo para la reinstauración de la Dra. Spencer ya ha vencido, pero todavía no ha habido una respuesta pública.
Cfr. Nearly All Australian Health Workers Say Medicine Has Been Politicised: Survey
