La Cámara de los Comunes del Reino Unido ha rechazado el 11 de septiembre el proyecto de ley Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, que ponía en marcha el suicidio asistido en Inglaterra y Gales. El resultado fue de 286 votos en contra y 270 a favor, una diferencia estrecha de 16 votos. La página oficial del Parlamento confirma que el proyecto no continuará su tramitación, por lo que la votación no modifica la legislación vigente.
La propuesta habría permitido que los adultos mayores de 18 años, con capacidad mental, residentes y registrados ante un médico de Inglaterra o Gales, y con una expectativa de vida de seis meses o menos solicitaran ayuda médica para poner fin a su vida. Dos médicos debían valorar la solicitud por separado y, si ambos consideraban cumplidos los requisitos, el caso pasaría a un comité multidisciplinar. Después habría un periodo de reflexión de 14 días —reducible a 48 horas si la muerte fuera inminente— y una segunda declaración. La persona tendría que autoadministrarse la sustancia aprobada.
La legislación vigente, pena con hasta catorce años de prisión a quien anime o ayude deliberadamente a otra persona a suicidarse.
Un proyecto sometido a un examen más intenso
El proyecto ha tenido un largo recorrido en las dos Cámaras.
Primero, el texto presentado por la diputada laborista Lauren Edwards retomaba casi sin cambios una iniciativa impulsada en 2024 por Kim Leadbeater. Aquel proyecto superó varias fases en la Cámara de los Comunes durante 2025, pero no llegó a completar su tramitación en la Cámara de los Lores antes de que terminara el periodo parlamentario. Durante ese proceso se registraron alrededor de 1.200 enmiendas, que para muchos fue un intento de paralización.
Los críticos cuestionaron que las garantías previstas fueran suficientes para proteger a las personas expuestas a presiones familiares, económicas o sociales. También señalaron problemas relacionados con la discapacidad, la evaluación de la capacidad para decidir, la previsión de una muerte en seis meses y la protección de los profesionales sanitarios que se opusieran a participar.
Según el análisis de Edward Pentin publicado por National Catholic Register, el largo proceso parlamentario ha sido uno de los factores decisivos para el resultado final. La discusión prolongada permitió que médicos, profesionales de los cuidados paliativos, trabajadores sociales, defensores de las personas con discapacidad y parlamentarios examinaran las consecuencias previsibles del texto.
La cuestión central dejó de ser únicamente si una persona con una enfermedad terminal debe poder solicitar ayuda para morir. El debate pasó a centrarse también en las condiciones reales en las que se tomaría esa decisión y en la capacidad del sistema para distinguir una elección libre de una decisión condicionada por el dolor, la dependencia, la soledad o la sensación de ser una carga.
La presión social y el estado de los cuidados
Dentro de la lógica política que debería tener una propuesta de este tipo, la situación de los cuidados paliativos y sociales adquirió un peso creciente durante la campaña. Andy Burnham defendió que la financiación de estos servicios debía tener prioridad antes de modificar la legislación sobre el suicidio asistido. Su posición coincidió con una preocupación extendida entre organizaciones sanitarias: una persona puede pedir morir porque no tiene acceso a un tratamiento adecuado del dolor, a apoyo psicológico, a atención domiciliaria o a ayuda suficiente para sus actividades diarias.
El sector de los hospices en Inglaterra acumulaba un déficit superior a 70 millones de libras, según los datos citados por Pentin a partir de Hospice UK. El mismo reportaje señala que cerca del 60 % de las entidades había aplicado o estudiaba aplicar recortes en sus servicios. Estos datos no demuestran por sí solos que una legalización produjera coacciones, pero explican por qué muchos diputados consideraron prematuro crear una vía para adelantar la muerte mientras persisten carencias en la atención al final de la vida.
Entre las intervenciones que influyeron en el debate estuvo la de Ashley Dalton, diputada laborista con un cáncer de mama metastásico. Dalton defendió que el acceso universal a cuidados paliativos de calidad debía preceder a cualquier cambio legal y rechazó presentar el debate como una elección entre el suicidio asistido y el sufrimiento sin respuesta.
Una campaña ciudadana transversal
Con el paso del tiempo, la oposición al proyecto reunió a personas y organizaciones con posiciones políticas y profesionales diversas. Las campañas permitieron a los ciudadanos contactar con sus representantes, compartir información y pedirles que asistieran a la votación. Los promotores de la iniciativa también movilizaron apoyos, pero el respaldo parlamentario fue disminuyendo a medida que se hicieron más visibles las dudas sobre las garantías.
Una encuesta difundida el día de la votación indicaba que el 82 % de los ciudadanos creía que el Parlamento debía asegurar primero que nadie se sintiera empujado a solicitar el suicidio asistido por no recibir la atención y el apoyo necesarios al final de la vida. Solo el 8 % discrepaba de esa prioridad, según el reportaje del National Catholic Register.
La derrota del proyecto no cierra el debate. El asunto puede volver a plantearse con otro texto y bajo una denominación distinta. La votación sí muestra, sin embargo, que una propuesta presentada como limitada a personas con una expectativa de vida muy corta puede encontrar una oposición amplia cuando se examinan sus criterios de acceso, sus mecanismos de control y el contexto asistencial en el que se aplicaría.
Informaciones diversas coinciden en cuatro elementos clave: el examen detallado del proyecto, la movilización de la sociedad civil, las advertencias de profesionales y asociaciones de personas con discapacidad y la preocupación por la falta de recursos para los cuidados paliativos. La información del Parlamento y la cobertura de ITV News confirman el resultado y el alcance inmediato de la votación.
El debate puede reabrirse en el futuro, pero esta iniciativa ha quedado descartada ahora.
El Reino Unido, ha dado una muestra de comportamiento democrático en la toma de decisiones sobre asuntos vitales. Otros países -Canadá, España, etc.- han tenido mucho prisa por sacar adelante proyectos similares, pero motivados por distintas ideologías, han promovido leyes que no tienen en cuenta la realidad de la sociedad, ni ponen en primer lugar los cuidados que necesitan las personas vulnerables.
Fuentes: InfoCatólica, «Escrutinio, movilización y oración, las claves de la derrota del suicidio asistido en Inglaterra»; Edward Pentin, «How England’s Assisted-Suicide Bill Was Defeated», National Catholic Register; UK Parliament, ficha y estado del proyecto; House of Commons Library, análisis del proyecto; Hospice UK, situación financiera de los hospicios; ITV News, cobertura de la votación.
Este artículo se ha elaborado con la ayuda de la Inteligencia artificial
