STRASBOURG, Francia — Una campaña en torno a la iniciativa ciudadana europea «My Voice My Choice» (Mi voz, mi elección) ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la injerencia de la Unión Europea en las políticas nacionales sobre el aborto.
La iniciativa, debatida en el Parlamento Europeo el 2 de diciembre, tras reunir 1,2 millones de firmas el año pasado, pretende presionar a las instituciones de la UE para que financien el acceso al aborto a las mujeres que no pueden obtenerlo en sus propios países, lo que supone un cambio significativo en un sistema político en el que la política sanitaria ha sido tradicionalmente una prerrogativa nacional.
Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) permite a los ciudadanos solicitar que la Comisión Europea proponga legislación si recogen al menos un millón de firmas verificadas en al menos siete Estados miembros de la UE.
Una ICE no crea automáticamente una ley, pero obliga a la Comisión a examinar la propuesta.
Este debate ya alcanzó un punto álgido el 26 de noviembre, cuando manifestantes se concentraron frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo mientras legisladores y expertos jurídicos se reunían en una conferencia para examinar críticamente la iniciativa.
El evento, titulado «Mi voz, mi elección: un fraude legal, moral y financiero», presentó un análisis implacable de esta campaña, que forma parte de un debate más amplio sobre el aborto, la transparencia y las luchas de poder dentro de la UE.
Fue organizado por los eurodiputados españoles Margarita de la Pisa y Jorge Buxadé, con la participación del eurodiputado húngaro András László y expertos del Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ), una ONG con sede en Estrasburgo que defiende los derechos humanos y la dignidad de la vida.
Para el experto jurídico Nicolas Bauer, la iniciativa My Voice My Choice es, ante todo, «un nuevo paso en la estrategia del lobby proabortista para promover el aborto a través de instituciones supranacionales».
«Lo que propone», añadió Bauer, «es una auténtica pesadilla burocrática: financiar los gastos de viaje de las mujeres europeas para que puedan abortar donde deseen». Por ejemplo, una mujer francesa embarazada de 22 semanas, y por lo tanto fuera del plazo legal para abortar, podría viajar a los Países Bajos y abortar allí con financiación de la UE. Una mujer polaca cuyo hijo tiene síndrome de Down y que desea abortar por este motivo podría viajar a Francia para hacerlo, con financiación de la UE».
El eco interminable de Roe v. Wade
En los últimos años, el debate europeo sobre el aborto se ha acelerado de manera dramática. La revocación de Roe v. Wade en Estados Unidos en 2022 envió ondas políticas a través de Europa, lo que llevó a varios gobiernos a endurecer sus propias posturas sobre el tema.
Francia modificó su propia Constitución para consagrar el aborto como un derecho fundamental, y altos funcionarios de la Unión Europea han sostenido desde entonces que el procedimiento debería considerarse un derecho fundamental protegido a nivel europeo. En este clima, “My Voice My Choice” busca crear una forma de armonización al permitir la financiación europea del aborto en todo el continente.
Aunque la conferencia de Estrasburgo reconoció que la ECI refleja ciertos temores que experimentan las mujeres que enfrentan embarazos sin apoyo, los ponentes cuestionaron la forma en que la campaña fue construida, financiada y promocionada —así como el objetivo final detrás de la iniciativa—.
La principal advertencia fue que “My Voice My Choice” se presenta como una petición de base ciudadana, cuando en realidad se apoya en una sofisticada constelación de ONGs bien financiadas, estrechamente vinculadas a fundaciones estadounidenses y a instituciones de la Unión Europea.
Grégor Puppinck, director del ECLJ, subrayó el contraste entre esta iniciativa y la Iniciativa Ciudadana Europea de 2013 “One of Us”, cuyo objetivo era poner fin a la financiación europea de actividades que implican embriones humanos, y que reunió más de 1,7 millones de firmas gracias a la acción de voluntarios.
Por el contrario —señaló—, “My Voice My Choice” obtiene su fuerza de estructuras profesionales cuyos presupuestos superan ampliamente los de la mayoría de los grupos provida nacionales. “Cabe preguntarse —afirmó— cómo es posible que las organizaciones que promueven el aborto sean tan ricas —cada año más ricas— y estén tan profundamente conectadas con las estructuras gubernamentales”.
Un análisis reciente presentado durante el evento arrojó luz sobre esta disparidad. De las 254 organizaciones que respaldan la Iniciativa Ciudadana Europea “My Voice My Choice”, las 51 que publicaron cuentas transparentes muestran un patrón claro:
- 19 reciben financiación de la Unión Europea.
- 20 reciben fondos de las fundaciones Open Society de George Soros.
- Y varias mantienen vínculos operativos con la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).
- Solo la red europea de la IPPF ha recibido más de 3,2 millones de euros en fondos de la UE en los últimos años.
Según señalaron los ponentes, estas cifras dificultan que la iniciativa pueda presentarse como una expresión espontánea de la voluntad popular.
Por su parte, el eurodiputado húngaro András László ilustró cómo estas dinámicas se reproducen a nivel nacional. Al recordar la experiencia de Hungría durante y después de la crisis migratoria europea de 2015, describió cómo una red de ONG financiadas desde el extranjero adquirió de forma repentina visibilidad e influencia en los debates políticos internos, presentándose a menudo como actores cívicos representativos pese a depender casi por completo de fondos procedentes del exterior.
“ONG fuertes surgieron de la nada”, afirmó, señalando que muchas de ellas resultaron estar financiadas indirectamente a través de programas de la Unión Europea.
Creciente “discriminación blanda”
En este contexto de redes de financiación e influencia política, Matthieu Bruynseels, director de Incidencia ante la Unión Europea de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa (FAFCE), desplazó el foco de atención hacia la manera en que estas dinámicas se traducen en la práctica institucional dentro de la UE.
Bruynseels describió la existencia de una creciente “discriminación blanda” dentro de los programas de financiación europeos, que ha ido marginando progresivamente a las ONG de inspiración cristiana, orientadas a la familia y de perfil culturalmente conservador.
Él relató cómo sus propias redes presentaron proyectos sobre protección infantil y salud mental juvenil — iniciativas ajenas a debates ideológicos —, pero aun así fueron rechazados alegando que contradecían unos supuestos “valores de la UE” nunca definidos.
Mientras tanto, las organizaciones que promueven el aborto obtenían financiación de forma habitual. Para Bruynseels, esto genera un entorno dentro de la UE en el que “la neutralidad existe en el papel, pero no en la práctica”, y en el que las voces que defienden la vida quedan estructuralmente relegadas.
Varios ponentes insistieron en que el clima político y cultural que rodea actualmente al aborto está afectando de forma concreta a las vidas personales — una realidad visible en los testimonios de dos mujeres que afirmaron haberse sometido a abortos en un contexto marcado por escaso apoyo y por mentalidades fuertemente orientadas hacia el aborto; ambas mujeres manifestaron que lamentaron profundamente sus abortos posteriormente.
El peligro más profundo de “My Voice My Choice”, según esos críticos, reside en su poder simbólico en un momento en que las instituciones europeas se muestran cada vez más inclinadas a redefinir el aborto como un pilar de la identidad europea.
La conmoción provocada por el reciente veto del príncipe Alberto II de Mónaco contra la liberalización de la legislación sobre el aborto — una postura casi única en la Europa contemporánea — puso de manifiesto cuántas pocas jurisdicciones se apartan ya del panorama ampliamente permisivo del continente.
El debate celebrado en Estrasburgo dejó claro que esta Iniciativa Ciudadana Europea, si llegara a convertirse en ley, podría consolidar una visión de Europa que deje muy poco espacio a quienes defienden la vida del no nacido.
Publicada en National Catholic Register por Solène Tadié | 03 de diciembre de 2025 | ‘My Voice My Choice’: How a New EU Pro-Abortion Initiative Could Bypass National Laws
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