Manifiesto del Grupo Cristianos Socialistas (PSOE) sobre el aborto

Un amigo me pidió mi opinión acerca del Manifiesto sobre el aborto de Cristianos Socialistas. Su interés estaba reforzado por el esfuerzo que le ha costado a esta corriente hacer público el Manifiesto.

Como puede no ser fácil de encontrar lo copio a continuación:

El aborto, a la búsqueda de un terreno común

El núcleo de la reforma sobre el aborto propuesta por el Gobierno es polí­ticamente razonable: una ley de plazos (catorce semanas) combinada con doble indicación. De esta forma se ofrece un marco legal más honesto con la realidad y acorde con la legislación europea mayoritaria, como bien fundamenta el dictamen del Consejo de Estado.

Es más restrictiva con los abusos, ya que el supuesto del conflicto psí­quico de la actual despenalización carece de limitación temporal y ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestación muy avanzados. Además la reforma refuerza la seguridad jurí­dica de la mujer y del profesional.

Es preciso plantear la cuestión con serenidad. No se puede descalificar una regulación legal del aborto por considerarlo un asesinato. Es una visión moralizadora que se desentiende tanto de las consecuencias de la prohibición como de los deberes de la ley y el legislador ante una decisión compleja y conflictiva. Tampoco puede negarse la pertinencia de un juicio ético, social y jurí­dico sobre la interrupción del embarazo por considerar que se trata de un asunto privado que concierne sólo a la mujer.

Entre uno y otro extremo es preciso sostener la necesidad de garantizar una maternidad libremente querida y responsable, por un lado, y, por otro, la protección respecto del feto. La decisión de abortar entraña graves conflictos personales y públicos que no pueden negarse invocando sólo los derechos de la mujer o sólo la protección del bien jurí­dico del nasciturus (STC 53/1985). La ley debe ser capaz de armonizar y encauzar razonablemente una y otra perspectiva. Es posible buscarun terreno común.

En primer lugar, el Estado tiene deberes éticos y jurí­dicos para con el feto por encontrarse en estado de máxima precariedad, debilidad y necesidad. Es de humanidad su cuidado y tutela. Es propio de la tradición socialista y humanista proteger al más débil, por lo que debemos reconocer y defender el bien jurí­dico constitucionalmente protegido del nasciturus.

Podemos convenir en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida titular de derechos. Con todo, la formación de la vida humana es un proceso y consiguientemente hay un estatuto ético del feto que exige, conforme avanza el proceso de gestación, una protección por parte del Estado cada vez más exigente, lo que también se refleja en el régimen sancionador.

En segundo lugar, el Estado también tiene deberes éticos y jurí­dicos para con la mujer. Sobre la mujer recaen en primer término las dificultades sociales, económicas, psicológicas, éticas, y, en su caso, penales. La mujer no puede reducirse a receptáculo del feto. Es sujeto libre y responsable,cuya libertad y salud deben estar protegidas por la ley. La decisión de abortar ha de contemplarse como una cuestión de conciencia, y como tal debe ser tratada y respetada. En el marco que le otorga la ley, las catorce semanas, debe ser la mujer embarazada la que toma la decisión.

En cualquier caso, la vida en gestación es una realidad distinta de la mujer gestante. No es ni unórgano propio ni una extremidad de ella. La decisión de la mujer, a la que la ley otorga unos derechos de prestación en determinadas condiciones, no puede negar que en el nasciturus estamos hablando en todo caso más de un «alguien» que de un «algo».

Por ello, por cuanto se trata de un ser humano en formación, no puede haber un derecho al aborto.

No hay sólo maternidad, sino también paternidad. Por ello, también corresponsabilidad. La prevención justificada en casos contra la manipulación o la coacción sobre la mujer en su decisión de interrumpir el embarazo no puede anular la necesidad de una información adecuada, apoyo familiar y social en términos de acompañamiento. Es consecuente con los deberes de patria potestad y con la obligación que la Constitución establece de «prestar asistencia de todo orden a los hijos», al menos, durante su minorí­a de edad (39.3 CE).

Otra cuestión no menos importante: es necesario regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, de modo que quede garantizado el respeto a su conciencia ética personal sin que por otro lado menoscabe las garantí­as de la prestación de la IVE por la red pública en todas las comunidades autónomas.

Para nosotros, como cristianos socialistas, la función legisladora y la gestión polí­tica deben estarinspiradas por la ética y la búsqueda del bien común. Sin embargo, creemos que hacer realidad los principios éticos en una sociedad plural no supone necesariamente identificar código moral y código penal. Esto es especialmente claro en el caso del aborto.

Es necesario desarrollar, ante la pluralidad de causas que llevan al aborto, polí­ticas de investigación y prevención que orienten actitudes hacia una sexualidad responsable. La prevención debe hacer frente a la banalización creciente de la sexualidad. También son necesarias polí­ticas educativas, que deben hablar de la sexualidad como placer, pero también como ví­nculo afectivo y comunicación; como respeto a la alteridad y dignidad de la otra persona y como control de laspropias pulsiones. Con la misma gravedad, consideramos que debe avanzarse en el desarrollo de una real protección social a la maternidad.

En definitiva, la cifra de 112.000 abortos en sólo un año (2007) es un elocuente signo de fracaso colectivo. Todaví­a estamos a tiempo de aprovechar esta reforma como una oportunidad para emprender con decisión el impulso a polí­ticas públicas para la reducción de los embarazos no queridos que conducen al aborto.

El manifiesto lo firman, en nombre del grupo Cristianos Socialistas del PSOE, Pilar de la Vega catedrática de Historia; Jordi López Camps, doctor en Biologí­a y Marí­a José Pereda , doctora en Medicina y máster en Bioética.

Mi opinión:

1. Un primer punto a favor, es que hace un intento de buscar un terreno común (aunque me gustarí­a saber entre quiénes)
2. Es parcial en sus referencias legales respecto a instituciones jurí­dicas españolas que han elaborado un informe: Consejo General Poder Judicial, Consejo Fiscal
3. Tiene la valentí­a de hablar de los derechos del nasciturus.
4. No estoy de acuerdo con que podemos convenir en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida titular de derechos. No lo estoy porque la dignidad humana se tiene o no se tiene: no creo que haya grados.
5. La penalización de un hecho puede ser mayor o menor, según las circunstancias, pero eso no cambia el motivo de penalización: se castiga más matar a un padre que a un desconocido. Esto no quita que ambos sean un homicidio ni que tengan la misma dignidad.
6. Falta coherencia cuando afirma que el aborto es una cuestión de conciencia personal, y que en el párrafo siguiente diga que no puede haber un derecho al aborto. Si cada uno tiene derecho a decidir, sin ninguna responsabilidad ante la sociedad, es porque se tiene derecho a abortar, al menos las 14 primeras semanas
7. Son importantes las referencias que hace a los derechos de paternidad, y a la regulación de la objeción de conciencia. También su petición de una educación sexual más humana
8. Me parece confusa la argumentación entre código moral, bien común, legislación y aborto. Me parece que nadie duda de que se debe proteger más a la persona más débil. ¿Es esto obligar al propio código moral, o es el primer principio de ética pública?