Las investigaciones judiciales de los supuestos abortos ilegales en varias clínicas españolas han reabierto el debate sobre el aborto en nuestro país. La gravedad del caso ya ha tenido respuesta de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha anunciado que se presentará como acusación particular «en defensa de los valores éticos y deontológicos de la profesión médica».
También se ha discutido una posible reforma de la Ley Orgánica 9/1985, de despenalización parcial del aborto, que prevé tres supuestos en los que el aborto no es punible penalmente. En dos de ellos se establecen plazos: cuando haya existido una violación -dentro de las 12 primeras semanas- o si se presume que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas -antes de las 22 semanas-.
El tercer supuesto es el más polémico, ya que permite el aborto para evitar un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, y así conste en un dictamen de un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. A este supuesto se acogen la gran mayoría de las embarazadas que desean abortar -según algunas estimaciones, el 97 por ciento-. Además, no hay ningún plazo para que se pueda alegar este daño, por lo que se producen abortos en avanzados estados de gestación.
«Este supuesto se ha convertido en un auténtico coladero», afirma Enrique Villanueva, catedrático de Medicina Legal, que ve especialmente grave «la emisión de certificados médicos falsos» y hace referencia a los casos de las clínicas investigadas, en los que se elaboraron a la medida de las gestantes. «A los médicos se les da una especie de poder notarial para certificar que lo que está diciendo la paciente es cierto y en estos casos se ha defraudado la confianza de la sociedad».
En su opinión, el problema no está en cambiar la legislación: «Existen leyes más que suficientes y además tenemos el Código Deontológico, que sanciona claramente este tipo de comportamientos. Cada profesional debe aguantar su responsabilidad». También pide una exhaustiva labor de seguimiento y control de «las comunidades, que deben vigilar periódicamente estos informes médicos». Asimismo, cree que los fiscales deben involucrarse en esta labor.
Juan José López Ibor, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico de San Carlos, considera que la Ley del Aborto ha buscado coartadas y que abusa de los profesionales sanitarios y de los científicos. «En el caso de los psiquiatras deja en sus manos decidir cuándo el nacimiento de un hijo es un verdadero problema de salud mental para la madre, cuando ni siquiera los médicos nos ponemos de acuerdo sobre los límites de la salud mental». Asimismo, en el caso de los científicos para decidir cuándo el feto es un ser humano, «cuando la ciencia no tiene respuesta para eso y los criterios suelen ser aleatorios». En su opinión, es muy difícil legislar el aborto, pero pide que la actual ley «se cumpla correctamente».
Según Luis Cabero, presidente de honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y vicepresidente de la Federación Internacional, en el caso de los supuestos abortos ilegales han fallado todas las estructuras corporativas médicas. «Debería estarse más encima. Las administraciones no cumplen con su obligación de seguimiento e inspección ni se sigue el código deontológico.
Ha habido una auténtica dejación de funciones». Cabero espera que se llegue hasta el final y «que se actúe también contra las gestantes». Además, se pregunta cómo pueden actuar así ciertos profesionales. «Se han cometido verdaderos asesinatos; matar a un feto de 7 y 8 meses es un auténtico infanticidio». El Código Penal prevé penas más bajas -prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses- a las madres que produjeren su aborto o consintieren que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley. Para los médicos, penas de cárcel de uno a tres años e inhabilitación especial.
Rogelio Altisent, presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial, cree que el verdadero problema es que se ha actuado de manera delictiva y con falsedad documental. «Hay que actuar con energía, pues se puede trasladar a la sociedad la imagen de que el médico puede certificar lo que sea». En este sentido, instó a los políticos a intervenir.
