Recientemente se ha creado la Unidad de Libertad de Religión y Conciencia, de la Oficina para los Derechos Civiles del Ministerio de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) que, entre otras funciones, tramitará aquellas quejas relacionadas con la participación en prácticas médicas objeto de polémica tales como el aborto, la eutanasia y suicidio asistido, y la reasignación sexual o cambio de sexo. Además, según funcionarios federales, esta Unidad permitirá, por parte del Ministerio de Salud y Servicios Sociales, una aplicación ‘‘más intensa y eficaz’’ de las leyes sobre libertad religiosa y conciencia.
‘‘Las leyes que protegen la libertad religiosa y los derechos de la conciencia son papel mojado si no se garantiza su ejecución’’, expresa Roger Severino, director de la Oficina para los Derechos Civiles. ‘‘Nadie debería verse forzado a elegir entre ayudar a gente enferma y vivir conforme a su propia moral o convicción religiosa; y la nueva Unidad ayudará a garantizar que las víctimas de discriminaciones ilegales encuentran justicia.’’
A este respecto, los profesionales de la asistencia médica tendrán la opción de cumplimentar una queja formal ante la Oficina para los Derechos Civiles, la cual podrá ‘‘iniciar revisiones de conformidad, dirigir investigaciones…así como disponer de instrumentos ejecutivos que, de otra manera, sólo podrían llevarse a efecto por vía de las leyes civiles para abordar vulneraciones en ellas recogidas y resolver las correspondientes quejas.’’
La declaración se hizo pública justo un día antes de la Marcha por la Vida, una marcha pro-vida de carácter anual en Washington DC. El presidente inauguró el acto pronunciando el discurso de apertura.
Además, el Centro para Seguro Médico Privado y Popular (HHS’ Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Salud y Servicios Sociales, está publicando, de manera novedosa, orientaciones dirigidas a los directores Medicaid de cada estado para restaurar la flexibilidad de los estados en la determinación de criterios adecuados para los programas. Una carta enviada el pasado 19 de enero de 2018 anuló la orientación 2016 que específicamente prohibía a los estados realizar determinadas actuaciones en contra de los operadores de planificación familiar que ofrecen servicios abortivos.
Tras su publicación, las reacciones han sido variadas. El Presidente del Consejo de Investigación Familiar, Tony Perkins, elogió las nuevas medidas, proclamándolo como ‘‘otra ocasión en la que las promesas del Presidente Trump se hacen en realidad.’’
En cambio, Luoise Melling, subdirector jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), se mostró crítico:‘‘La administración se ha aventurado a autorizar la discriminación contra las mujeres y el colectivo LGTB, todo ello en nombre de la religión.’’
Bioedge, Xavier Symons, Trump administration moves to defend conscience rights, 20 enero 2018
