El Senado italiano ha aprobado la prohibición del uso de vientres de alquiler para cualquier ciudadano italiano, independientemente de dónde se realice el proceso. La ley fue ratificada con 84 votos a favor y 58 en contra, después de haber superado el trámite en la Cámara de los Diputados en 2023. Lo que se ha aprobado es una enmienda del artículo 12 de la ley de 19 de febrero de 2004 que fue reafirmada por el Tribunal constitucional en 2014.
Esta ley ya prohibió la gestación subrogada en su momento, pero esa legislación presentaba una laguna común en muchas normativas: no contemplaba qué sucedía cuando el niño era concebido a través de vientres de alquiler en el extranjero.
Este es un problema que también afecta a otros países, como España. Según la Ley 14/2006 en su artículo 10, España no reconoce automáticamente la filiación de los niños nacidos mediante gestación subrogada en otros países. No obstante, en ciertos casos, los tribunales han permitido la inscripción de estos niños como hijos de los padres intencionales, siempre que exista una sentencia judicial firme emitida en el extranjero, como ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, este reconocimiento no es uniforme ni automático en todos los casos.
En 2022, el Tribunal Supremo español reafirmó la nulidad de los contratos de subrogación y dictaminó que en los casos de subrogación internacional, los jueces deben evaluar cada situación de forma individual, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Italia ha decidido resolver este vacío legal al declarar que tener un hijo mediante un vientre de alquiler será considerado un «delito universal» Esta reforma permitirá sancionar con multas y penas de prisión a aquellos ciudadanos italianos que recurran a la gestación subrogada en el extranjero.
La medida ha sido celebrada por numerosos colectivos feministas y respaldada por varios partidos e instituciones. Sin embargo, ha generado oposición entre algunos colectivos homosexuales, que ven limitada la posibilidad de acceder a la paternidad mediante este método.
Italia es el primer país que se adhiere a la Declaración de Casablanca.
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