In dubio, Pro vulnerable

En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaba no utilizar el fármaco antiviral Remdesivir, propiedad de la farmacéutica Gilead Sciences, para tratar a pacientes de COVID-19. Ha sido la primera vez que la OMS se ha posicionado de una manera tan contundente sobre el uso de un fármaco.

El motivo “científico” era que no se había demostrado que tuviera un efecto positivo en el tratamiento del covid. El motivo “económico” era su elevado precio, que ascendía a unos 2000 euros por paciente, haciéndolo inasumible para los sistemas sanitarios de los países más pobres. 

En el año 2022, se ha producido un cambio de postura. Ahora, la OMS recomienda el uso de Remdesivir en pacientes con formas leves o moderadas de COVID-19. 

Esta rectificación llega tras la publicación de nuevos datos de un ensayo clínico sobre los efectos de este fármaco, que demuestran su eficacia en pacientes con síntomas leves o moderados de covid.

La OMS también hace hincapié en el uso del antiviral oral, Paxlovid, de la farmacéutica Pfizer, para el tratamiento de formas leves y moderadas de covid.  Dos ensayos controlados con una participación de 3078 pacientes han demostrado que el Paxlovid reduce en un 85% el riesgo de hospitalización. El problema es que este fármaco solo puede administrarse en las primeras etapas de la enfermedad, lo que supone realizar pruebas de detección de covid de manera rutinaria. Esto resulta especialmente complicado en los países pobres donde la tasa media de pruebas es muy inferior (hasta 80 veces) con respecto a los países ricos.

Como es posible observar, tanto Remdesivir como Paxlovid son un arma de doble filo para los países con rentas más bajas. Por un lado, son necesarios para paliar los efectos del covid, pero por otro lado, son demasiados costosos tanto a nivel económico (precio de mercado), como a nivel logístico y sanitario (pruebas diagnósticas o vía de administración). 

De nuevo, es necesario enfrentarse a los “daños colaterales” de la Bioprecariedad entendida como la violencia estructural contra la vida por falta de acceso a productos esenciales patentados (en este caso, fármacos). Sus efectos durante la pandemia y la pospandemia han sido notorios, tanto por la escasez de vacunas anticovid, como por los elevados precios de los antivirales de estas dos farmacéuticas.

La buena noticia es que tanto Gilead Sciencies como Pfizer han concedido licencias para producir genéricos más asequibles de estos fármacos.

En concreto, Gilead ha otorgado licencias a cinco fabricantes de genéricos en la India y Pakistán para acelerar la producción del fármaco y poderlo comercializar a un precio menor en países en vías de desarrollo.

Pfizer ha hecho lo propio con el antiviral Paxlovid al conceder licencias voluntarias a 36 fabricantes de genéricos. Su distribución se iniciará en el año 2023 a los países con menos ingresos. También se ha ofrecido una licencia a una empresa de Ucrania que no se ha podido firmar todavía debido al conflicto bélico.

Ambas compañías se han comprometido a ceder voluntariamente la licencia de la patente de estos medicamentos al Fondo de Patentes de Medicamentos (Medicines Patent Pool (MPP)), organización que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y destinada a mejorar el acceso a medicamentos esenciales. 

Este es un paso importante para paliar los efectos de la Bioprecariedad en todo el mundo, y para poder disfrutar realmente del derecho a la salud reconocido por la Declaración de Derechos Humanos.

Sin embargo, estos signos de “responsabilidad sanitaria/social corporativa” llegan tarde teniendo en cuenta la gran cantidad de precedentes negativos que acumulan las denominadas Big Pharma, con casos tan sonados como los elevados precios de antirretrovirales para el tratamiento del Sida.

La realidad es que la “injusticia social” sigue presidiendo una sociedad, en la que las amplias desigualdades económicas, sociales y sanitarias en todo el globo marcan la diferencia entre una vida “sana” y una vida condenada a la (bio)precariedad sanitaria. Todo ello por la falta de “acceso” a fármacos esenciales para la vida, como lo son todos los tratamientos vinculados al COVID-19.

La pandemia ha mostrado la cara más amarga de la globalización neoliberal con la falta de acceso a vacunas anticovid para los países más pobres. La causa es que se vive en dos realidades completamente distintas en función del “código postal”. En los países ricos, es posible comprar casi cualquier cosa por Amazon, informarse por Twitter o Instagram, socializar por Facebook y solicitar cita de vacunación con tan solo un “click” en un smartphone. En los países pobres, ese “acceso” es muy limitado y ni siquiera es posible disponer de un antiviral o de una vacuna a tiempo (no solo de covid). La sociedad del “click” solo es válida para algunos privilegiados. Los demás se tienen que conformar con la “caridad cosmética” de las grandes empresas farmacéuticas, que están utilizando la pandemia para mejorar su imagen corporativa.

Por este motivo, en lugar de depender de acuerdos puntuales para reducir los precios de los fármacos, resultaría más eficaz reformar el actual sistema de concesión de patentes. El objetivo sería disponer de patentes:

• Éticamente aceptables (para los ciudadanos).
• Económicamente rentables (para las farmacéuticas)
• Y técnicamente innovadoras (para los científicos).

Para ello, sería necesario que la actual legislación de patentes no solo contemplara criterios técnicos de patentabilidad, sino “éticos”, tales como la “justicia, la responsabilidad y la cautela o la solidaridad”.

Estos criterios deberían conformar un marco normativo de concesión de patentes regido por la máxima “in dubio, pro vulnerable” (reformulación del principio de precaución, “in dubio, pro malo”), es decir, ante la duda, mejor no aprobar patentes, sobre todo farmacéuticas, que puedan repercutir negativamente en la salud global.

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