En estos último años algunos grupos sociales están trabajando para que en España se avance hacia la legalización de la eutanasia. Llevamos varios años de acciones mediáticas, pronunciamientos, y casos «especiales» que propician la entrada en la agenda legislativa, de medidas eutanásicas.
Es cierto que a diferencia del camino recorrido con otras leyes que forman parte del paquete que podríamos llamar «progresista», en este caso se está actuado con mucha más precaución. Pero también hay que contar con que tan sólo Holanda, Bélgica, y Luxemburgo permiten que se practique la eutanasia con impunidad. Suiza se encuentra en una situación intermedia desde hace muchos años, y admite sólo el suicidio asistido en determinados casos. En el resto de países, incluídos los americanos, está prohibida la eutanasia, aunque sea a petición del que quiere morir.
No obstante, es de prever que la campaña pro eutanasia tome la bandera de asimilar España a Holanda en aras de tener también nosotros «una legislación progresista«.¿Qué tiene que ver esto con la educación? Estos días que estoy pasando en Holanda, han vuelto a abrirme los ojos respecto al valor a la libertad personal que se hace en estas tierras. La legalización de la eutanasia se ve como una consecuencia de este respeto a la libertad personal. En mi opinión se trata de una aplicación no válida, porque no tiene en cuenta otros valores, como son los de la solidaridad y los del bien común respecto al cuidado de toda vida humana. Pero aún así, se trata de una manifestación de ese respeto a la autonomía de la persona.
Pues bien, este respeto es el que les lleva a una legislación en materia de educación totalmente distinta de la que se propone en España. En nuestro país, cada vez más, arraiga la idea de que la educación de los niños y jóvenes es «propiedad» del Estado, por ello se mira con prevención cualquier institución educativa de origen no estatal, aunque sea una iniciativa social.
Esta prevención respecto a lo privado lleva a mirar la concertación o cualquier tipo de ayudas a estos colegios, como una condescendencia que el Estado y su dinero -el del estado, no el de la sociedad, ¡grave error!- tiene con esas instituciones. De hecho es frecuente encontrarse con personas que contraponen educación estatal con educación privada y que querrían que desapareciese todo lo que no es enseñanza de propiedad pública.
Parecería que la propiedad pública es solidaria, y la propiedad privada es egoísta, olvidando que los egoístas somos las personas, independientemente del lugar donde trabajemos. Que lo que importa en una institución educativa son los resultados educativos, y que estos responden a derechos de los ciudadanos a ser educados con las ayudas necesarias. Por tanto, que es conveniente evitar prejuicios y atender al derecho a recibir una educación de calidad, sea quien sea el que la imparta.
¿Qué hacen los holandeses? Todo lo contrario al planteamiento español. Si una asociación o cualquier institución es capaz de reunir a 200 alumnos, el ayuntamiento construye el colegio, y el estado paga todos los gastos de la educación. Entiende la sociedad holandesa que es un derecho de los padres poder elegir sin cortapisas que el dinero de los impuestos que pagan para educación vaya a los colegios cuya calidad educativa prefieren. No les importa si se da religión protestante, islámica o católica, o ninguna.
Es más. Hace unos días hablaba con un profesor de uno de los institutos más antiguos y de más prestigio de Holanda. Le preguntaba sobre la propiedad de su instituto. En medio de mi perplejidad me explicó que antes era de propiedad estatal, pero que ahora era de una fundación. El estado prefiere fomentar la iniciativa social.
Las condiciones legales y económicas son iguales para los colegios estatales y privados. El estado no se siente con la obligación de controlar el ideario del colegio. Como caso reciente me contaba que los tribunales han fallado a favor de un colegio protestante que había despedido a un profesor que se había declarado homosexual.
Ya sé que para la sociedad española puede resultar extraño esta situación. Pero no lo es tanto si atendemos al derecho que se trata de apoyar. Si los niños y jóvenes tienen derecho a la educación, y son sus familias los principales responsables de esta educación, también serán las que tendrán derecho a recibir los medios económicos adecuados para cumplir este derecho.
Quizá tienen que pasar unos años, para que adquiramos la madurez social que necesitan unos planteamientos como los holandeses. Pero no estaría mal que empezásemos a pensar en ello.
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