Dinamarca indemnizará con 300.000 coronas danesas —algo más de 40.000 euros— a cada mujer groenlandesa que pueda acreditar que recibió anticonceptivos sin su consentimiento entre 1960 y 1991.
El Parlamento danés aprobó la medida el pasado 27 de agosto por 100 votos a favor y 10 en contra. Podrán acogerse mujeres a las que se colocaron dispositivos intrauterinos, implantes anticonceptivos o inyecciones hormonales sin que hubieran prestado un consentimiento válido.
Es un reconocimiento importante. Pero también obliga a preguntarse: ¿se puede compensar económicamente que alguien haya decidido sobre la maternidad de miles de mujeres?
Una adolescente llamada Naja
Detrás de las cifras se encuentran historias como la de Naja Lyberth.
Naja tenía 14 años cuando, durante una revisión médica, un médico le colocó un dispositivo intrauterino sin su consentimiento. Tampoco hubo una comunicación con sus padres. No había mantenido relaciones sexuales y nadie le explicó debidamente qué iban a hacerle. Ella recuerda que estaba asustada, que quería negarse, pero que se quedó paralizada.
El dolor fue tan intenso que, según relató años después, sentía como si tuviera cuchillos dentro del cuerpo.
No contó lo ocurrido. Durante mucho tiempo cargó con sentimientos de vergüenza y culpabilidad, como si ella hubiera sido responsable de lo que le habían hecho. En 2017 decidió hablar públicamente y acabó convirtiéndose en portavoz de otras mujeres afectadas.
Su testimonio muestra algo que las estadísticas no pueden expresar: la lesión no afectó únicamente al cuerpo, sino también a la intimidad, la confianza y la percepción de la propia dignidad.
El “caso espiral”
Entre la década de 1960 y mediados de los años setenta se colocaron dispositivos intrauterinos a unas 4.500 mujeres y adolescentes inuit. La cifra representaba aproximadamente la mitad de las mujeres en edad fértil de Groenlandia.
Algunas tenían solo 12 años.
Las investigaciones han documentado numerosos casos en los que las mujeres no fueron informadas, no prestaron su consentimiento o ni siquiera supieron qué procedimiento se les había practicado. Nadie pidió permiso a sus padres. Algunas sufrieron dolores, hemorragias, infecciones y problemas posteriores de fertilidad.
No todas las aproximadamente 4.500 mujeres fueron necesariamente sometidas al procedimiento sin consentimiento. Tampoco todos los casos pueden calificarse técnicamente como esterilizaciones, pues el DIU es un método anticonceptivo en principio reversible. Pero esta precisión médica no disminuye la gravedad de los hechos: se intervino sobre la capacidad reproductiva de muchas mujeres y niñas sin respetar su libertad.
La campaña pretendía reducir la natalidad de la población groenlandesa en un momento en el que Dinamarca era responsable de la sanidad del territorio. Entre sus motivaciones se encontraban el rápido crecimiento demográfico y el coste económico que este suponía para el Estado danés.
La planificación familiar dejó así de ser una ayuda ofrecida a cada mujer y se convirtió en un instrumento de política demográfica.
¿Fue un genocidio?
Esta semana, el Gobierno de Groenlandia también ha publicado dos informes sobre las implicaciones del caso para los derechos humanos.
La cuestión más discutida es si estas actuaciones pueden calificarse como genocidio. No se trata de una comparación retórica. La Convención de las Naciones Unidas de 1948 incluye entre los actos que pueden constituir genocidio la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de un determinado grupo.
Los expertos no han alcanzado una conclusión común.
Uno de los informes afirma que no existen pruebas suficientes de una intención de destruir total o parcialmente al pueblo groenlandés. El otro considera que, estudiando exclusivamente las prácticas anticonceptivas, no es posible demostrar esa intención, pero tampoco descartarla. Recomienda analizar el caso junto con otras políticas coloniales que afectaron a los niños y las familias inuit.
El Gobierno groenlandés ha rechazado el informe que negaba categóricamente la existencia de genocidio por considerar que no cumplía los estándares científicos exigibles. Por ahora, por tanto, Groenlandia no ha declarado que se produjera un genocidio, pero tampoco ha dado por cerrada la cuestión.
Además, se ha anunciado la creación de una comisión de reconciliación.
Consentimiento y dignidad
El caso constituye una vulneración especialmente grave del consentimiento informado.
Pero sería insuficiente reducir lo ocurrido a la ausencia de una firma en un formulario. El consentimiento informado no es un trámite administrativo. Expresa el reconocimiento de que el paciente es una persona y no un objeto sobre el que el médico, el Estado o la sociedad pueden actuar según sus propios intereses.
En este caso, la vulneración fue todavía más profunda. Las intervenciones afectaron a menores de edad, a mujeres pertenecientes a un pueblo indígena y a una dimensión tan íntima como la capacidad de ser madres.
Se quebrantaron simultáneamente la autonomía, la integridad corporal, la justicia y la obligación de no causar daño. También se utilizó la medicina para alcanzar un objetivo político y económico decidido desde una posición de poder.
No era la salud de cada mujer la que ocupaba el centro. Era la reducción de la población.
Más que una indemnización
Dinamarca había pedido oficialmente perdón en 2025. Ahora llega la compensación económica. Las mujeres podrán solicitarla hasta septiembre de 2028 y cada caso deberá ser evaluado individualmente.
La indemnización reconoce el daño, pero no puede devolver los hijos que algunas mujeres quizá habrían tenido, borrar los dolores sufridos ni recuperar los años de silencio.
Puede, sin embargo, ayudar a devolverles algo que Naja Lyberth ha reclamado expresamente: el respeto por sí mismas y por sus propios cuerpos.
El “caso espiral” recuerda una enseñanza básica de la bioética: ninguna política sanitaria puede ser verdaderamente buena si, para conseguir sus objetivos, convierte a las personas en medios.
Ni la planificación demográfica, ni la reducción del gasto público, ni un supuesto proyecto de modernización autorizan al Estado a decidir quién debe o no debe tener hijos.
Porque cuando el poder político se apropia de la fecundidad de las mujeres, la medicina deja de cuidar y comienza a dominar.
Reflexión
¿Somos ahora mejores que aquellos daneses? ¿Respetamos más la dignidad de las personas, el consentimiento informado, o la tutela de los padres?
Cuando se observa cómo la ideología transgénero sin fundamentos científicos se impone en la educación desde la primaraa, la experiencia sexual se promueve desde la infancia, o la interrupción del embarazo matando al niño que la madre lleva en su seno, se defienden como normal, me entran serias dudas no ya de que seamos mejores, sino de si habremos caído mucho más bajo.
Y esto afecta a los políticos pero también a gran parte de la sociedad que lo contempla muda y atenta sólo a sus pequeñas satisfacciones.
Fuentes:
«Groenlandia vs Dinamarca: no todo es happy»
Aprobación de las compensaciones;
Condiciones de la indemnización;
Testimonio de Naja Lyberth;
Conclusiones de los informes.
