El 15 de julio de 2026 quedará marcado en la historia parlamentaria francesa. Ese día, la Asamblea Nacional aprobó de forma definitiva la ley que instaura el «derecho a la ayuda para morir», con 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones. Es una cifra que representa apenas el 50,4% de los 577 escaños de la cámara baja, y que además fue inferior al respaldo obtenido en la lectura anterior del 30 de junio, cuando hubo 232 votos en contra y 35 abstenciones.
Bajo el concepto de «derecho a la ayuda a morir» se engloba en primera instancia el suicido asistido y en segunda instancia la eutanasia.
Tras la votación, el ministro encargado de las Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous —firme defensor de la ley—, celebró lo ocurrido calificándolo de una «evolución social importante» que los diputados habían respaldado «cuatro veces, y hoy de manera definitiva». Sin embargo, no mencionó que el respaldo parlamentario se había reducido en cada nueva votación.
Francia se une a los pocos países que admiten como legal la eutanasia o el suicidio asistido: Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá, Uruguay y España.
Una ley aprobada pese a múltiples advertencias
El texto salió adelante a pesar de haber sido rechazado en tres ocasiones por el Senado. Por último el Gobierno había dado la última palabra a la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva.
Hasta ese momento el marco legal se basaba en la Ley Claeys-Léonetti de 2016 que permitía la sedación profunda y continua hasta la muerte para pacientes terminales, pero prohibida expresamente la ayuda activa para morir.
La nueva ley fue una de las promesas electorales de Emmanuel Macron en 2022. Para abordar la cuestión, se creó una Convención Ciudadana que debatió el tema entre 2022 y 2023.
Numerosas voces se habían alzado con alertas: la alerta emitida por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y de las críticas reiteradas de profesionales sanitarios, colectivos antivalidistas, varios diputados de izquierda y numerosos ciudadanos que habían pedido el voto en contra. También pesó sobre el proceso el anuncio, en vísperas de la votación final, de que el propio primer ministro recurriría la ley ante el Consejo Constitucional —un gesto que reveló dudas incluso dentro del gobierno—.
La ministra de Sanidad, Familias, Autonomía y Personas con Discapacidad, Camille Galliard-Minier, justificó ese recurso señalando la necesidad de «asegurar bien ciertos temas ampliamente debatidos» del texto, para garantizar que su aplicación respete «plenamente nuestros principios fundamentales, y en particular la dignidad humana».
Descivilización
En un artículo publicado a cuatro manos en la revista Le Point, Michel Houellebecq y Laurent Frémont.califican la ley como un proceso de «descivilización». Recuperando la tesis del filósofo Giambattista Vico, Houellebecq y Frémont recuerdan que en el concepto humanitas procede del latín humare —enterrar— y que la humanidad comienza «en el momento en que aún se da a quien no devolverá ya nada». Estos intelectuales van, incluso, más allá, afirmando que el lecho del moribundo era el «último territorio donde la utilidad no tenía cabida».
Al eliminar esta excepción, el Estado francés estaría sucumbiendo a una lógica puramente contable. Como sentencian los autores con crudeza: «Un moribundo cuesta dinero, un muerto no cuesta nada».
Lo que viene después
Los propios promotores de la ley no ocultan su intención de ampliarla en el futuro: extender su acceso a menores y a personas en situación de incapacidad, incorporar directivas anticipadas o crear un delito de obstrucción son algunos de los temas que ya se perfilan en el horizonte legislativo, impulsados por diputados como Sandrine Rousseau o Karen Erodi (LFI-NFP).
Del lado opositor, la batalla tampoco ha terminado: ya se han anunciado tres recursos ante el Consejo Constitucional —del primer ministro, del presidente del Senado, Gérard Larcher, y de un grupo de 60 senadores—, con la posibilidad de que se sume un cuarto recurso desde la Asamblea. A esto se añade la incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales de 2027, donde algún candidato podría plantear derogar una ley recién estrenada.
El plano inclinado
En los países donde se ha aprobado la eutanasia la realidad muestra que lo que comenzó como una excepción para enfermos terminales con dolores físicos atroces ha ido mutando:
- Países Bajos: Se debate abiertamente la legalización de la eutanasia para personas mayores de 75 años que alegan que su «vida está completa» (voltooid leven), es decir, que están simplemente cansadas de vivir, sin necesidad de sufrir ninguna patología médica.
- Canadá: Su ley (MAID) eliminó el requisito de que la muerte natural fuera «razonablemente previsible». Esto abrió la puerta a que personas con discapacidades o pobreza extrema (que no pueden costearse una vivienda o cuidados dignos) soliciten la eutanasia debido al sufrimiento socioeconómico y existencial.
En estos lugares, el argumento médico del «dolor» ha pasado a un segundo plano, y la eutanasia se ha convertido en un puro ejercicio de autonomía donde el individuo decide cuándo su vida ya no tiene sentido, independientemente de la biología.
cfr. Genethique, « Nous sommes le 15 juillet, le jour où le Parlement français décide qu’il peut être mis fin légalement à une vie humaine. » Par 291 voix contre 241
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