Cuando el Sr. Retailleau, Ministro del Interior, subraya que están en juego intereses económicos en la propuesta de ley sobre el suicidio médicamente asistido o la eutanasia, se debe tener muy en cuenta.
Ya en 2012, se discutió en el Parlamento británico un proyecto de ley sobre el suicidio asistido por un médico. Se pretendía poner un producto letal al alcance de las personas que llegaban al último año de vida, con el argumento de que es durante el último año de vida cuando los ciudadanos son los que más cuestan a la seguridad social. Presentada de esta manera, por razones económicas, la ley no ha sido aprobada…
Pero desde entonces, en Francia, los poderes públicos no han dejado de promulgar una ley similar por la misma razón no confesada e innombrable. El Sr. Retailleau, entrevistado en LCI el 13 de abril, lo señaló claramente: durante el último año de vida, los costos de la salud superan los 35.000 euros por persona y que temía grandes deslizamientos, por razones económicas, si se aprobaba una legislación de este tipo.
Es cierto que una ley de este tipo es tentadora para los poderes públicos y podría resolver muchos problemas: el pago de pensiones que no saben cómo pagar, el agujero abismal de la seguridad social, la falta de médicos y paramédicos, las disfunciones hospitalarias, el déficit de vivienda…
No, se atreven a decirlo, no es el interés real de las personas al final de la vida lo que se busca aquí, sino la resolución de problemas económicos complejos que, sin embargo, podrían encontrar otras soluciones, reales y buenas para todos, si tuvieran el coraje de trabajar en ellas con determinación, con el respeto intangible por la vida de las personas y la promoción de vínculos intergeneracionales de calidad.
Publicada en Genethique | 17 de abril de 2025 | Fin de vie : à qui profite le crime ?
