En los últimos tiempos, el presidente estadounidense Joe Biden se ha convertido en el adalid del movimiento transgénero como demuestra la cronología de los hechos.
En el 2021, Biden nombró a la Almirante Rachel Levine, una mujer transgénero, subsecretaria de Salud, argumentando que:
“Era una opción histórica y profundamente cualificada para ayudar a liderar los esfuerzos en materia de salud de la Administración”
El marzo de 2022, Biden se sumó al “delirio trans” y criticó los proyectos de ley de varios estados norteamericanos que quieren poner coto a las demandas transgénero. Un buen ejemplo es el Estado de Arizona, donde el republicano Doug Ducey, quiere:
- Prohibir el cambio de sexto en menores de edad.
- Evitar la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas.
Con este tipo de leyes, es posible evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la nadadora transgénero Lia Thomas, que estuvo compitiendo con mujeres en los campeonatos nacionales de natación. Las quejas más que fundadas de las nadadoras iniciaron un encendido debate, que ha abierto la posibilidad de crear una nueva categoría para acoger a los deportistas transgénero. De lo contrario, se estaría produciendo una injusticia sin precedentes, dado que la biología masculina aporta una ventaja competitiva más que notable.
Para rematar la cadena de declaraciones del presidente, hace tan solo unos días Biden se reunió en la Casa Blanca con el activista transgénero, Dylan Mulvaney, conocido por documentar su proceso de transición en la red social TikTok con más de 8 millones de seguidores. En esa reunión, ambos hablaron sobre temas relacionados con la población trans en Estados Unidos, tal como publicita Mulvaney en sus redes sociales. Uno de esos puntos era la propuesta de crear baños públicos según la identidad de género.
Sin embargo, el presidente norteamericano no ha tenido en cuenta que Mulvaney ha sido acusado de apropiarse y burlarse de lo femenino, cuando en sus vídeos de TikTok relata qué significa ser una mujer. No deja de ser llamativo que una persona que ha sido un hombre durante más de 20 años pueda dar “lecciones” de feminidad.
Por otra parte, el presidente Biden también parece ajeno a los numerosos casos de “detransición” que se han documentado en los últimos tiempos y de las advertencias de los científicos contra el uso de los tratamientos transgénero, que incluyen desde cirugías irreversibles hasta bloqueadores de la pubertad con efectos secundarios a largo plazo.
Quizás el motivo de este posicionamiento tan radical se deba a que el mercado de reasignación de sexo en Estados Unidos podría alcanzar cifras de alrededor de 6 mil millones de dólares en el año 2030. El negocio de las compañías aseguradoras y de la industria farmacéutica parece demasiado lucrativo como para ignorarlo.
Pero, la realidad es que Biden va contracorriente, ya que casos como los de la demanda colectiva interpuesta por más de 1000 familias de antiguos pacientes contra la clínica británica Tavistock por prescribir imprudentemente bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia de género certifican que el movimiento “trans” está dando paso al “detrans”.
Es importante que tanto el presidente Biden como otros muchos mandatarios, médicos o juristas tengan en cuenta que la disforia de género debe tratarse con todos los medios necesarios para determinar que efectivamente es real. La adolescencia es un periodo muy confuso, en el que muchos jóvenes desean encajar, gustar y tener apoyos entre sus amigos. Pero, la “moda trans” no es inocua. De hecho, puede resultar muy peligrosa, porque puede dar una respuesta equivocada al sinfín de dudas que plantean los cambios físicos y psicológicos que se producen en la adolescencia.
En España, no se han quedado atrás en esta defensa férrea de las “transiciones” a discreción. La Ley Trans aprobada en 2021 por el gobierno de España permite cambiar el sexo del DNI tantas veces como sea necesario para asegurar la autodeterminación de género. Es tan fácil como rellenar un formulario en el Registro Civil para solicitar el cambio de nombre ante un funcionario y ratificarlo a los tres meses. Esta ley cuenta con opositores de calibre, tales como el movimiento feminista, ya que las mujeres salen muy perjudicadas, y el sector sanitario (psiquiatras y pediatras), que considera necesario un debate social reflexivo y prudente acerca de las actuaciones destinadas a niños.
Los avances en la igualdad transgénero no pueden colisionar con los derechos de las mujeres y de los menores, que son la parte más castigada de este tipo de leyes. Por ello, es necesario iniciar un debate profundo con todos los “stakeholders” implicados (padres, menores, jóvenes, médicos, juristas, políticos, psicólogos), en el que se informe de todas las cuestiones médicas, psicológicas, físicas y emocionales que implica un proceso de transición sexual.
Para “detransicionar” de esta mentalidad presuntamente moderna y volver a un punto de partida éticamente aceptable, es necesario aplicar los cuatro principios de la bioética: autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.
No parece que en este momento se esté valorando a los pacientes (menores) desde esta perspectiva bioética. Cabe destacar que los menores no pueden dar un consentimiento “realmente informado”, porque desconocen los efectos secundarios a largo plazo del proceso de transición. Esto anula el principio de autonomía en la toma de decisiones del paciente y supone una flagrante vulneración de los otros tres principios. El más peligro es no respetar el imperativo ”primum no nocere” (primero, no hacer daño) que constituye la piedra angular de la práctica médica. Podemos concluir, pues, que los procedimientos relacionados con la denominada “autoafirmación de género” son peligrosos y deben ser objeto de una regulación no solo jurídica, sino ética.
La huida hacia delante de Joe Biden y del propio Gobierno Español para ofrecer al movimiento transgénero una salida digna resulta decepcionante, a la par que peligrosa para las futuras generaciones que tengan que vivir con sus “efectos secundarios”.
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Sonia Jimeno
- Doctora en Bioética y Éticas aplicadas.
- Licenciada en Traducción e Interpretación, Universitat Pompeu Fabra (UPF) (1999); licenciada en Filosofía, Universitat de Barcelona (UB) (2006); Máster Oficial en “Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política”, Universitat de Barcelona (UB); Tesina en La lucha por las patentes: aspectos legales, materiales y políticos de la propiedad industrial en la industria farmacéutica. Beca de investigación concedida por la Fundació Víctor Grífols i Lucas sobre bioética por el proyecto de investigación titulado «Las patentes biotecnológicas: en los límites de la legalidad» en nombre de la Universidad de Barcelona. Doctora en Bioética y Éticas aplicadas (Programa de doctorado Ciudadanía y Derechos Humanos). Título de la tesis doctoral: Poder de las patentes y bioprecariedad: cuestiones de legalidad y de legitimidad (https://www.tdx.cat/handle/10803/662732).
- E-mail: sjr@curellsunol.es
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