El pasado 11 de junio de 2026, la coalición End Assisted Suicide ha presentado demandas federales simultáneas para bloquear las leyes de suicidio asistido en los estados de Nueva York (donde entraría en vigor el 5 de agosto) e Illinois (prevista para el 12 de septiembre).
A diferencia de lo que puede ocurrir en otros lugares donde se entiende que cuando una ley ha saltado la barrera de una línea roja de la sociedad -y el suicidio y la eutanasia son líneas rojas-, ya no se puede hacer nada, porque ya es legal. En Estados Unidos el debate sobre el suicidio asistido no ha terminado en los dos estados que lo aprobaron recientemente.
Ambas acciones legales argumentan que dichas normativas son inconstitucionales y violan la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act – ADA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act of 1973) que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal (como escuelas públicas, hospitales o universidades).
Las asociaciones que lideran la protesta
La resistencia está encabezada por una coalición nacional de organizaciones de derechos de las personas con discapacidad y defensa del paciente, quienes sostienen que estas leyes crean un sistema de salud «separado y desigual». Entre las asociaciones demandantes se encuentran:
- Organizaciones Nacionales:
- National Council on Independent Living (NCIL): Representa a organizaciones e individuos que abogan por los derechos civiles de las personas con discapacidad.
- Not Dead Yet: Un grupo progresista y no religioso que se opone a la legalización del suicidio asistido por considerarlo una forma de discriminación mortal contra personas mayores, enfermas y con discapacidad.
- Institute for Patients’ Rights (vinculado al Patients Rights Action Fund): Dedicado a defender los derechos de los pacientes frente a políticas que devalúan sus vidas.
- United Spinal Association: Representa a los 5.5 millones de usuarios de sillas de ruedas en el país.
- Organizaciones en Nueva York:
- Brooklyn Center for Independence of the Disabled (BCID).
- Independent Living Center of the Hudson Valley (ILCHV).
- Regional Center for Independent Living (RCIL).
- Self-Initiated Living Options, Inc. (SILO).
- Organizaciones en Illinois:
- Chicago ADAPT: Organización de base que lucha por el derecho de las personas con discapacidad a vivir en libertad y con justicia económica.
- Progress Center for Independent Living: Ofrece herramientas y recursos para la independencia en el hogar y la comunidad.
Los argumentos bioéticos del conflicto
El núcleo de la protesta radica en la premisa de que, bajo estas leyes, las personas con discapacidades que amenazan la vida reciben una oferta de muerte en lugar de los programas de apoyo que recibe el resto de la población. Matt Vallière, director del Institute for Patients’ Rights, afirma que estas acciones buscan asegurar que nadie sea tratado como «desechable» ante la ley.
Los demandantes destacan varios peligros éticos:
- Presión económica y social: En un contexto de recortes en Medicaid y escasez de cuidadores en el hogar, el suicidio asistido se presenta como una «solución» ante la falta de apoyo, lo que elimina la verdadera libertad de elección.
- Diagnósticos erróneos: Los pronósticos terminales suelen ser inciertos; se citan casos de pacientes que vivieron décadas tras ser diagnosticados con pocos meses de vida.
- Falta de salvaguardias: A diferencia de las personas sin discapacidad, a quienes se les ofrece prevención del suicidio ante el deseo de morir, a los pacientes con enfermedades terminales se les facilita el acceso a fármacos letales, lo que constituye una discriminación sistémica.
Esta ofensiva legal, que ya ha tenido precedentes en California, Colorado y Delaware, busca establecer un precedente nacional que reafirme el valor intrínseco y la dignidad de cada persona, independientemente de su pronóstico médico.
