Uno de los temas más difíciles de la bioética contemporánea es la “libertad institucional de conciencia”. ¿Debería permitirse que los centros de salud o los hogares de ancianos en una democracia liberal eviten prácticas como el aborto o el suicidio asistido y la eutanasia? Una de las objeciones más fuertes contra la legislación aprobada la semana pasada en el estado australiano de Nueva Gales del Sur es que los hospitales, hogares de ancianos y hospicios con fesionales se verán obligados a acoger la «muerte asistida» en sus instalaciones.
“Esto es esencialmente una imposición autoritaria sobre lo que son, en nuestra sociedad civil, asociaciones de personas que se unen con un propósito”, dijo el diputado de la Cámara Alta Greg Donnelly en el debate. “Imponerles disposiciones por las cuales, dentro de sus instalaciones, la vida de las personas terminará mediante el suicidio asistido o la eutanasia es absolutamente repugnante y es totalitario”.
Esto lo niegan los partidarios de la muerte asistida, que afirman que la autonomía individual debe prevalecer sobre las normas de una institución. En un plano más teórico, se argumenta que las instituciones no gozan de derechos de conciencia, como los individuos Esto se afirmó con fuerza en (de todos los lugares) la Revista de Leyes de Notre Dame hace unos años:
De hecho, quienes apoyan el derecho de un médico católico a negarse a ofrecer un tratamiento médicamente indicado deben admitir la supremacía de la protección de la conciencia del médico individual. Y, sin embargo, estos mismos partidarios defienden lo contrario, un triunfo institucional de la conciencia individual, cuando un hospital católico obliga a un médico no católico a adherirse a las Directrices, en contra de la moralidad clínica del médico. Esta es la hipocresía intrínseca de la legislación de conciencia moderna.
Evidentemente, es necesario hacer algunas aclaraciones para desentrañar las cuestiones que se derivarán de la legalización de la «muerte asistida» en las jurisdicciones de todo el mundo. La última publicación del Proyecto de Protección de la Conciencia con sede en Canadá es una guía muy útil, que establece distinciones y examina los precedentes de la conciencia institucional. El documento es largo y difícil de resumir, pero estas frases indican la orientación del argumento:
El concepto de libertad institucional de conciencia o de religión ha sido examinado y cuestionado en repetidas ocasiones desde al menos principios de la década de 1970. Las afirmaciones de que instalaciones como hospitales y hospicios no pueden ampararse en las garantías constitucionales de libertad de conciencia porque no son individuos son insostenibles porque se contradicen con la historia jurídica y la práctica generalizada. En el mejor de los casos, proporcionan un camuflaje superficial para los esfuerzos por obligar a las instituciones que no están dispuestas a prestar los servicios moralmente cuestionados que favorecen los demandantes, o la discriminación antirreligiosa, o ambas cosas.
Para el Proyecto Protección de la Conciencia, el problema es más amplio que la “muerte asistida” o el aborto. Intenta establecer un conjunto de principios que se pueden aplicar en todas las circunstancias. Pide una legislación que proteja lo que llama “libertad de conciencia conservadora”, es decir, negarse a hacer lo que uno cree que está mal, en contraposición a la “libertad de conciencia perfectiva”, es decir, hacer lo que uno cree que está bien.
Publicada en Bioedge por Michael Cook | 22 de mayo de 2022 | Should institutions enjoy freedom of conscience?
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