Caminamos por la playa y vemos una persona que está en peligro de ahogarse, instintivamente nos ponemos en movimiento para salvarla. También cuando los mineros chilenos quedaron atrapados en la mina San José en Atacama, no sólo Chile, sino muchos países dedicaron recursos para rescatar con vida a esas personas.
Se trata de acciones cuya motivación no se pone en duda. La única discusión se da para elegir los medios más adecuados para tener éxito en el rescate.
El último número del American Journal of Bioethics (AJOB, Volume 15, Issue 2, 2015), está dedicado a repensar los paradigmas, o la respuesta instintiva que dispara está actitud de rescate, porque hay un problema y es el coste de este rescate. En los ejemplos citados es evidente que el gasto no era excesivo. También es evidente que tener delante a la persona con riesgo de muerte deja fuera de juego cualquier discusión sobre el coste.
Pero si nos salimos del hecho concreto y vemos los grandes números, entonces quizá podamos tomar conciencia del problema que plantea la limitación de recursos con respecto a las necesidades de gasto sanitario que se puedan presentar. ¿Cuánto podemos destinar a determinadas enfermedades extremas y cuánto a la medicina ordinaria? La sensación de que como no lo pago yo no cuesta nada, está muy arraigada pero es falsa y muy peligrosa. Lo que entre todos tenemos que pagar es limitado.
El caso más reciente que hemos visto en España es el de los nuevos tratamientos de la hepatitis C. Entiendo la angustia de los enfermos que, tras años de ausencia de fármacos adecuados, reciben la noticia de que hay unos nuevos de alta eficacia en los resultados. Pero hay algunos puntos que me parece importante remarcar.
En primer lugar la información de los medios de comunicación debe ser fidedigna. Las empresas farmacéuticas pueden tener gran interés en hacer propaganda de sus productos y manejan mucho dinero, por eso los medios de comunicación deben cuidar la objetividad de sus fuentes, y no convertirse en medios de propaganda.
Las empresas farmacéuticas que como tales tienen un interés económico en la venta de sus productos, no pueden perder de vista el aspecto ético a la hora de fijar precios. La salud humana no puede ser considerada un bien de consumo sin más. Los estados tienen la obligación de controlar precios -en la medida que resulte factible-.
Las comisiones de expertos son necesarias, porque deben analizar con rigor científico, más allá de las noticias o de la propaganda, la efectividad de las terapias que se proponen. También deben estudiar las diversas situaciones de enfermedad en las que pueden aplicarse.
Los políticos tienen que decidir sobre la aplicación de recursos, conociendo los informes de las comisiones de expertos. No se trata de un trabajo fácil porque siendo los recursos limitados deben buscar lo que sea justo para la sociedad. En este ámbito de la justicia sanitaria es donde se precisa una mayor exigencia de búsqueda del bien común, sin dejarse seducir por motivos electoralistas. También es imprescindible la transparencia en el proceso de toma de decisiones.
Los ciudadanos, individualmente o de forma asociada, deben aceptar que su interés puede no adecuarse completamente al del bien común de la sociedad. Algunas reclamaciones de plataformas de afectados por la hepatitis C parecían olvidar que hay otros enfermos y otras necesidades sanitarias aparte de las suyas.
El instinto de rescate en una reacción necesaria para la solidaridad entre individuos, y para la constitución de una sociedad de bien común, pero debe hacerse compatible con las decisiones políticas en la distribución de los recursos que se disponen.
