El pasado 29 de abril, la Comisión de Asuntos Sociales del Senado francés aprobó la proposición de ley sobre la «ayuda a morir», rebautizada en su versión senatorial como «asistencia médica a morir» y reservada, en principio, a pacientes cuyo pronóstico vital esté comprometido a corto plazo.
La ponente del texto, Christine Bonfanti-Dossat (LR), lo resume con una frase que pretende marcar distancias con la versión de la Asamblea Nacional: «Defendemos una asistencia para quienes van a morir, no para quienes quieren morir». La diputada califica el texto aprobado por los diputados de «demasiado permisivo».
Pero ¿basta con endurecer los criterios para que una ley de estas características deje de ser problemática desde el punto de vista bioético? Todo indica que no.
Un texto que se presenta como «más controlado»
La estrategia senatorial no es nueva. Ya en primera lectura los ponentes habían intentado introducir límites, antes de que la propia Cámara Alta rechazara el conjunto del texto. Esta vez, Bonfanti-Dossat lo justifica con un argumento pragmático: «Si no proponemos una alternativa a esta ley, será el texto de la Asamblea Nacional el que acabe imponiéndose».
Las principales modificaciones introducidas por la comisión son:
- Acortamiento del plazo de reflexión a petición del paciente, «si su estado de salud lo justifica» (el texto de los diputados prevé un mínimo de dos días).
- Supresión del delito de obstrucción a la ayuda a morir.
- Obligación para el profesional sanitario que detecte presiones sobre el solicitante de informar al fiscal de la República.
- Extensión de la cláusula de conciencia a todos los profesionales sanitarios, con una cláusula colectiva para los centros cuyo proyecto institucional sea incompatible con la práctica.
- Inhabilitación para integrar la comisión de control de quienes mantengan «cualquier compromiso asociativo relativo a la eutanasia o al suicidio asistido».
- Control que sigue siendo, eso sí, a posteriori.
«Seguir en el juego» a cualquier precio
El dilema del Senado lo formula con franqueza la senadora Muriel Jourda (LR):
«¿Sacamos un texto, aunque estemos en contra de toda reforma, para seguir en el juego e intentar suavizar la versión de la Asamblea Nacional? ¿O asumimos dejar la última palabra a los diputados, partiendo del principio de que, en cualquier caso, lo que se propone va más allá de lo que podemos aceptar?»
El presidente del Senado, Gérard Larcher, defiende que la Cámara Alta presente su propia versión. Agnès Canayer (LR) añade que «incluso entre quienes estaban en contra de una ayuda a morir, las cosas evolucionan, aunque solo sea para no dejar al Senado fuera del debate». Jourda, en cambio, lo duda: «No puede haber medias tintas sobre un asunto así».
Y aquí está el fondo bioético del problema.
La trampa de la «continuidad peligrosa»
Al exhibir un texto supuestamente más restrictivo y «razonable», el Senado podría estar jugando un juego peligroso: legitimar el principio mismo de la eutanasia y el suicidio asistido, con la seguridad como demuestra la experiencia, de que las condiciones iniciales se irán ampliando con los años (como ha ocurrido en Bélgica, Países Bajos o Canadá).
La Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Paliativos (SFAP) lo ha denunciado con dureza en un comunicado:
«Las enmiendas adoptadas por la comisión inscriben de forma aún más explícita la muerte provocada en el ámbito del cuidado, en detrimento de la claridad de los referentes médicos, de la protección de las personas vulnerables y de los principios fundamentales de la ética del cuidado.»
Y añade que, aunque la versión senatorial restrinja de hecho el ámbito de elegibilidad, «no constituye ni una ruptura ni una inflexión de fondo: el gesto letal sigue presentándose como una opción terapéutica, propia del acto médico, ejecutada por profesionales sanitarios».
Su presidenta, Ségolène Perruchio, lo formula con una expresión que merece subrayarse:
«La comisión instaura en realidad una continuidad peligrosa entre el alivio de las personas que sufren y la provocación intencional de su muerte.»
Esa continuidad —deslizar el gesto letal dentro del continuum del cuidado paliativo— es precisamente el deslizamiento antropológico que la bioética lleva décadas advirtiendo: cuando matar y cuidar se presentan como dos formas del mismo acto médico, la medicina pierde su brújula.
Un combate que no ha terminado
La proposición de ley se debatirá en el pleno del Senado del 11 al 13 de mayo, en apenas tres medias jornadas. En caso de desacuerdo entre ambas cámaras, el Gobierno podrá —tras el paso por la comisión mixta paritaria— dar la última palabra a la Asamblea Nacional.
La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, asegura que «el texto está en su recta final». El ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, insiste en el «objetivo final» de aprobarlo antes del verano, «de manera definitiva».
Y, sin embargo, lectura tras lectura, la mayoría favorable se erosiona: solo el 53 % de los diputados que se pronunciaron aprobaron el texto en segunda lectura.
La pregunta de fondo queda en el aire, y no es menor:
Ante una transformación social, jurídica y antropológica de esta magnitud —el paso de «no matarás» a «matar puede ser un cuidado»—, ¿es legítimo conformarse con una mayoría tan ajustada?
Conviene recordar que la Asociación Médica Mundial, en su Declaración revisada de 2019, reafirmó su:
‘firme oposición’ a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido, subrayando que ningún médico debería verse obligado ni siquiera a derivar a un paciente con ese fin. Lo que el Senado francés discute estos días no es, por tanto, un mero ajuste técnico: es un giro que sitúa a Francia en contradicción directa con el consenso ético internacional de la profesión médica.
Referencias:
- Genethique, Pas d’« aide à mourir » mais une « assistance médicale à mourir » ? Le jeu dangereux du Sénat
