Hace pocos días recogíamos en BioeticaBlog una respuesta de la dirección de AI España señalando su postura ante el aborto.
Hoy avanzamos en la actuación de Amnistía Internacional en el caso de Nicaragua.
Amnistía Internacional pide a los Estados que tomen las siguientes medidas para prevenir los abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y ponerles fin, de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de las normas internacionales de derechos humanos: a) derogar todas las leyes que permiten el encarcelamiento o la imposición de otras sanciones penales a mujeres por pedir un aborto o someterse a él, y todas las leyes que establecen el encarcelamiento u otras sanciones penales a quienes se limitan a proporcionar información sobre el aborto o a practicar abortos; b) proporcionar acceso a servicios médicos por las complicaciones derivadas del aborto a todas las mujeres que lo necesiten, en todas las circunstancias, independientemente de la situación legal del aborto; c) tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se dispone de servicios de aborto legal y seguro accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en casos de embarazo no deseado a consecuencia de violación, agresión sexual o incesto y en todos los casos de embarazo que ponga en peligro la vida o en grave peligro la salud de la mujer. Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a los demás aspectos del aborto
Amnistía Internacional, denunció a Nicaragua ante el Comité de la ONU contra la Tortura. Este Comité está compuesto por 10 miembros nombrados por los estados que firmaron el Tratado contra la Tortura.
Además, la organización asistió a las vistas del Comité, celebradas en Ginebra el 31 de abril y el 1 de mayo, donde presentó: Nicaragua: The impact of the complete ban of abortion in Nicaragua: Briefing to the United Nations Committee against Torture
El 15 de mayo dicho comité expresa su profunda preocupación por la prohibición total del aborto en Nicaragua. Ni el centro de noticias de la Onu, ni el Comité en documentos oficiales ha dicho nada.
Pero AI, se apresura a recoger que «el Comité ha enviado un mensaje claro al Estado nicaragí¼ense: mientras esté en vigor la prohibición total, sin excepciones, estarán incumpliendo su obligación legal internacional de proteger los derechos humanos», ha manifestado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. «Si se mantiene esta prohibición total, las mujeres y las niñas seguirán corriendo peligro de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Una inacción semejante sería muestra de una cruel indiferencia hacia el dolor físico, la angustia psicológica y la ausencia de dignidad humana que esta ley condena a sufrir a mujeres y niñas nicaragí¼enses al negarles y frustrar su acceso a tratamiento médico esencial durante el embarazo.»
Esta es la cuarta oportunidad en la que un comité supervisor de la ONU presiona a Nicaragua debido a sus leyes que protegen la vida intrauterina. Así, el Comité de la Comisión contra la Tortura se suma al de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en inglés, CEDAW), al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles.
Muchos observadores muestran su creciente preocupación ante lo que consideran un manejo politizado del sistema de control del cumplimiento de los tratados. Ni la Convención contra la Tortura, ni ningún otro acuerdo menciona el aborto. Tampoco se estableció, cuando se negociaron y ratificaron los pactos mencionados, que los países se comprometían a modificar su legislación interna en los que respecta al aborto.
Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha interpretado a conciencia que sus disposiciones se aplican sólo en casos reales de discriminación racial. Este Comité fue objeto de críticas por parte de altos funcionarios de derechos humanos, al negarse a extender su autoridad más allá de los límites del tratado que le dio origen y no abrazar la defensa del aborto (friday fax Volumen 12, Numero 24)
Amnistía también reclama que las leyes de Nicaragua «provocan la muerte de niñas y mujeres», afirmación de la que disienten los analistas pro-vida. Carlos Polo, director de la sede latinoamericana del Instituto de Investigación sobre la Población y observador cercano de los avances sobre salud materna en Nicaragua, advierte que «el índice de mortalidad materna es el mejor indicador de lo que sucede en cualquier país respecto de las malas prácticas en los servicios ginecológicos y obstétricos». Polo hace referencia a las estadísticas del Ministerio de Salud nicaragí¼ense, las cuales señalan que las muertes por maternidad han disminuido desde que el Estado reforzó sus leyes contra el aborto.
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